La costura por donde el Estado se descose

Santiago Posteguillo habló durante veinte minutos y yo acabé pensando en algo que él no nombró pero que latía debajo de cada frase.

Contó si la impotencia, esa palabra que repitió, la de un pueblo de la huerta sur de Valencia que vio subir el agua del barranco del Poyo la tarde del 29 de octubre y que después esperó.

Esperó un día, esperó dos, esperó tres, y no llegó una respuesta suficiente ni de la comunidad autónoma ni del Estado.

Conviene detenerse en ese hecho antes de correr hacia la culpa, que es la manera más eficaz de no entender lo ocurrido.Aquella espera no era un fallo dentro del sistema, sino una revelación del sistema.

Lo que se vio en Paiporta, en Catarroja, en Masanasa, esos nombres que aprendimos a pronunciar con culpa y espanto, no fue la avería de una máquina bien engrasada sino la máquina mostrando cómo está construida por dentro.

El Estado español ha estallado por las costuras por donde nadie quería mirar.

No por un reparto confuso de competencias, porque sobre el papel están repartidas, sino por algo más escurridizo, el umbral en que la emergencia debe escalar de un nivel al siguiente y la decisión, siempre incómoda, de que alguien asuma el mando.

Ahí cada administración pudo mirar hacia la otra con la conciencia administrativamente tranquila.Tomemos primero la administración central.

El barranco del Poyo, seco casi todo el año y capaz de volverse un río de dos mil metros cúbicos por segundo, reclamaba su encauzamiento desde antes de que muchos de sus muertos hubieran nacido.

La primera referencia es de 1994, con Felipe González; el Plan Hidrológico Nacional de 2001, bajo Aznar, recogió la restitución de los cauces del Poyo entre las obras de interés general.

Solo se ejecutó una primera fase, recibida en 2005, poco más de siete kilómetros.

El resto, valorado en 2009 en más de doscientos veinte millones de euros, sigue sin construirse.Y aquí debo resistir la tentación partidista.

La derecha señala que Zapatero tocó el Plan Hidrológico en 2004.

La izquierda responde que la única declaración de impacto ambiental favorable la firmó Teresa Ribera en 2011, y que caducó en 2017 con Rajoy gobernando.

Los dos tienen razón, y esa es la cuestión.

Treinta años, seis presidentes, gobiernos de ambos colores, y la obra sin hacer.

Cuando una infraestructura sobrevive intacta a tantas alternancias, el problema ha dejado de ser de un partido para convertirse en una incapacidad estructural.

Si mañana vuelve a llover sobre Chiva como aquel día, volverá a pasar lo mismo.Pero sería deshonesto cargar todo el peso sobre la administración central, porque desde la otra orilla ocurre algo distinto y más grave.

Debo cuidarme de una trampa: mi afán de ecuanimidad casi me lleva a tratar ambos fallos como la misma cosa, y no lo son.

Una obra no construida en treinta años es una negligencia lenta que agrava la escala del desastre sin ser su detonante; la gestión de una tarde de martes se mide en minutos, y es ahí donde se decide quién vive y quién no.

La protección civil es, según el Estatuto valenciano y la ley autonómica de 2010, competencia de la Generalitat.

El día de la dana la emergencia estaba en nivel 2, lo que en la Norma Básica de Protección Civil significa que el mando era de la comunidad autónoma y el Estado solo enviaba lo que esta pedía.

Existe un nivel 3, el de interés nacional, en el que el Estado asume el control y despliega al ejército.

Ese nivel 3 nunca se declaró.Y entonces llegó el espectáculo más desolador, que no fue el agua sino lo que vino después.

La Generalitat valenciana sostuvo que si el Gobierno consideraba el riesgo tan extremo debía haber declarado el interés nacional y tomado el mando, y no lo hizo.

El Gobierno respondió que el mando lo tenía la Generalitat y que solo cabía enviar lo que esta solicitara.

Cada administración tenía, en rigor, razón jurídica.

Y mientras se discutía si la solicitud de la UME se cursó a las tres de la tarde o a las ocho y media, mientras se reprochaban una alerta a los móviles cuando el agua ya arrastraba coches, la gente de Paiporta subía a los tejados.

La paradoja es atroz: nunca el reparto de competencias estuvo tan claro para eludir la culpa y tan turbio para repartir la ayuda.He pensado mucho en por qué este vacío resulta tan específicamente español.

Construimos el Estado autonómico repartiendo competencias como quien reparte un botín, con la lógica del agravio y la reivindicación identitaria, rara vez con la del servicio.

Casi nunca se discutió con la misma pasión qué ocurre en la frontera entre dos placas administrativas cuando llega el terremoto que no respeta fronteras y desborda el barranco y el organigrama a la vez.No tengo una solución que ofrecer, y desconfío de quien la tenga: las soluciones para problemas estructurales suelen ser eslóganes disfrazados.

Sé lo que se dirá, que hace falta un protocolo de escalada más claro, y algo ayudará.

Pero he aprendido a no fiarme del consuelo del organigrama: creer que un buen reglamento nos salvará es la misma tentación que nos trajo aquí, la de pensar que el problema era de casillas y no de coraje.

Lo que falló aquella tarde no fue solo un nivel de emergencia que no se subió a tiempo.

Fue que, cuando alguien tenía que dar un paso al frente y cargar con el peso de equivocarse, todos prefirieron tener razón a tener la culpa.Posteguillo lo dijo a su manera, sin teoría, que es como se dicen las verdades que duelen.

Habló de impotencia, y la impotencia es el sentimiento del ciudadano que descubre que sobre su tejado se cruzan dos jurisdicciones y que en el cruce no había nadie dispuesto a mojarse.

No es que una lo abandonara y la otra lo amparara: ambas, mirándose la una a la otra, lo dejaron esperando, cada cual amparada en la certeza de que la obligación era de la otra.

Y mientras no haya alguien capaz de asumir esa obligación antes de saber si le corresponde, volverá a haber, en algún pueblo cuyo nombre aún no hemos aprendido a pronunciar, gente subida a un tejado mirando el horizonte.

La pregunta no es de quién era la competencia.

La pregunta, la única que importa, es quién estaba dispuesto a empaparse.

La costura por donde el Estado se descose seguirá ahí, abierta, esperando la próxima lluvia.

Manuel García-Castellón es jurista y magistrado jubilado de la Audiencia Nacional ...