El Gobierno, tras la decisión del TJUE: "La amnistía ya es constitucional y conforme al derecho europeo"

El PP muestra su "respeto absoluto" a la sentencia pero avisa de que no borra la "responsabilidad política" del independentismo
El TJUE avala la ley de amnistía

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, aseguró este jueves que “la amnistía es constitucional y conforme al derecho europeo”. Lo hizo tras conocer el la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que avala la legalidad de la norma, un fallo que se hizo público este jueves y en el cual la justicia europea descarta que la norma contravenga la normativa comunitaria antiterrorista o que atente contra los intereses financieros de la Unión, tal y como consideraban dos juzgados españoles.

Bolaños sostuvo que el TJUE ha sido “muy claro” en su sentencia a la hora de aseverar que “la ley es plenamente compatible con el derecho europeo”. “La amnistía ha quedado validada desde tres opticas: desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista constitucional, y desde el punto de vista del derecho europeo”, celebró el ministro, que aseguró que el Gobierno “siempre defendió lo que hoy afirma rotundamente” la justicia comunitaria: que “la amnistía es un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social y pretende reducir las tensiones institucionales y políticas generadas por el procés y facilitar un escenario de reconciliación”.

Bolaños también quiso poner en valor que “la situación hoy no puede ser más distinta” a la que existía en 2017, cuando el Govern declaró unilateralmente la independencia. “Este Gobierno heredó una de las peores crisis de la democracia: no solo se quebraron la ley y la Constitución, se quebraron acuerdos fundamentales sobre las instituciones catalanas y su relación con las instituciones estatales”, planteó el ministro, que lamentó que, durante el procés, “se quebró la confianza entre quienes pensaban diferente, y entre las empresas e inversores en Catalunya”. “Hoy hay acuerdo entre diferentes, hay normalidad plena entre el Gobierno de España y el de la Generalitat” y “las empresas están regresando y están llevando inversiones históricas a Catalunya”, contrapuso.

Asimismo, el titular de Justicia elogió el papel de un Ejecutivo que, dijo, “arriesgó para traer de vuelta la normalidad y la convivencia, y lo logró”. “Somos conscientes de que la ley no contó con el apoyo unánime de los partidos del Congreso, y también que hubo una parte de la sociedad que la vio con cierta suspicacia, o que incluso la rechazó frontalmente, pero tengo la convicción de que, una vez vistos sus efectos, ni sus críticos más acérrimos querrían renunciar a sus frutos”, razonó Bolaños. “Por eso”, dijo, “me atrevo a calificarla de logro colectivo”: porque “todos los españoles, sin excepción, somos beneficiarios de la ley de amnistía y la normalidad, la convivencia y la estabilidad que ha garantizado”.

La sentencia supone un respaldo a la amnistía como forma de resolver el conflicto político y judicial que supuso el procés, y tan solo cuestiona dos aspectos menores y ya superados de la norma: la obligación a los jueces de resolver en dos meses su aplicación (la norma se publicó en el BOE en 2024) y retirar toda medida cautelar. La resolución va en la línea de las conclusiones del abogado general del TJUE, una figura jurídica que orienta al tribunal, y que apoyó la legalidad de la amnistía al enmarcarla en “una respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación”, informa Oriol Solé Altimira.

Tras la sentencia del TJUE, los jueces españoles están obligados a amnistiar a los encausados que no se habían podido beneficiar de la ley: una treintena de exaltos cargos de la Generalitat por los gastos del procés y 13 activistas de los CDR acusados de terrorismo. Por el contrario, la situación de los dos líderes de la Generalitat cuando se proclamó la independencia, el expresident Carles Puigdemont y el exvicepresident Oriol Junqueras, no se ve alterada. El Tribunal Supremo optó por negarles, en su momento, la aplicación de la amnistía, y la revisión de sus casos se encuentra en manos del Tribunal Constitucional, que se espera que se pronuncie sobre el fallo del Supremo a la vuelta del verano.

En su declaración institucional, Bolaños no mencionó a Puigdemont y Junqueras expresamente. Pero sí afirmó que “el horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley”, y que esta “solo se habrá cumplido plenamente cuando se aplique también a los líderes que impulsaron el proceso independentista”. “Esta será la última etapa del proceso de normalización, y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible”, pidió.

El PP: la “responsabilidad política” se mantiene

Por su parte, la dirección del PP mostró su “respeto absoluto” por la sentencia del TJUE que avala la ley de amnistía, pero también avisó de que no borra la “responsabilidad política” del independentismo. “El PP no interpreta las sentencias en función de si le gustan más o menos”, han señalado fuentes de Génova poco después de la decisión anunciada desde Luxemburgo.

“Es un paso más de un largo proceso judicial en el que todos los actores debemos limitarnos a respetar todas las decisiones de los tribunales”, añadieron fuentes del equipo de Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, estas mismas fuentes añaden que el PP “ofrece a Catalunya abrir una nueva etapa” centrada en hablar “únicamente de lo que necesitan los catalanes”. ...