Años perdidos del 'procés' que Sánchez amnistió

Josep Rull, presidente del Parlament (146.097 euros), «insta» al Supremo «a que abandone la vía de la rebeldía y que aplique inmediatamente, sin tener que esperar a otros tribunales españoles, la ley de amnistía de manera rotunda y plena».

Paradojas.

Un condenado por sedición califica de rebelde al Alto Tribunal del estado de derecho.

A diferencia del indulto, la amnistía recarga de «razones» a los sentenciados y traslada la culpa a sus jueces: «Me importa un rábano lo que diga el Tribunal Supremo, la puta Constitución o la monarquía delincuente en nombre de la cual dictan sentencias», escupe el amnistiado Josep Costa .

Aunque el TJUE descarta perjuicios para los caudales europeos, el referéndum ilegal de 1-O y la «política exterior» secesionista costó tres millones y medio imputables a Carles Puigdemont, Artur Mas y una treintena de excargos.

Como diría Pla: ¿Y esto quién lo paga?Cuando en 2012 Mas lanzó a Rajoy el órdago de un «pacto fiscal» inasumible en plena recesión mundial, Cataluña dejó de ir «a las cosas» orteguianas y puso rumbo a la teológica «república catalana». convivencia rota y diez mil empresas en fuga.

Esos quince años perdidos maltratan hogaño la vida cotidiana de los catalanes.

Una sociedad con las costuras deshilachadas por el aumento de la inmigración: de seis millones en 2000 a ocho doscientos mil.

La educación y la sanidad que Mas recortó antes de echarse al monte arrojan los peores baremos de España; no pueden responder al reto demográfico.

Consecuencia del buenismo «progre» es el despegue de Aliança Catalana: de dos a veintiséis escaños autonómicos, según los sondeos.La inversión educativa, un 3'8 por ciento del PIB catalán, está por debajo del 4,5 por ciento de la media española.

Suspenso en matemáticas, ciencias y comprensión lectora.

La segunda comunidad que más ha empeorado junto al País Vasco, según el informe PISA.

La educación catalana «siempre ha querido ser la avanzadilla en las innovaciones docentes y ahora es la avanzadilla de lo peor», denuncia el profesor Damià Bardera.

Mala educación agravada por la inmersión monolingüe.

Pese a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para garantizar un 25 por ciento de clases en castellano, la Generalitat del socialista Salvador Illa sigue mirando para otro lado.

Años perdidos del 'procés'; una sanidad que dispara las listas de espera a ciento cuarenta y cinco días: ochocientos mil catalanes pendientes de intervención quirúrgica.

A los docentes y médicos en protesta permanente se añade la precaria movilidad.

Si se hace difícil tomar un tren y llegar a la hora prevista, el desplazamiento por carretera ha dejado de ser la alternativa.

Una de las espoletas del proceso separatista fue la campaña de 2012 'No vull pagar' (No quiero pagar).

Después de conseguir en 2021 el levantamiento de los peajes en la AP-7, el «efecto llamada» de la gratuidad incrementó el tráfico en más de un treinta por ciento: «Miles de camiones y turistas pagan durante centenares de kilómetros por circular por las autopistas francesas y, una vez cruzan La Junquera, recorren gratuitamente el principal corredor del sur de Europa», advertía Àlex Gubern en estas páginas.

El populismo acaba saliendo caro.

Viajar de S'Agaró a Barcelona, trayecto de hora y media, requiere ahora tres horas.

Cataluña colapsará.

De la decadencia en educación y sanidad se hizo eco en su día Illa; la achacaba (con acierto) a «los años perdidos» del separatismo.

El Illa de 2026 blanquea a Pujol, adopta la jerga independentista del 'lawfare' y exige la amnistía con el ardor del converso.

Todo por catorce puñeteros votos: a la supervivencia del Número Uno se le llama «reconciliación». ...