Anticorrupción advierte que el confesor es quien aporta información valiosa y no quien lo hace antes

La Fiscalía Anticorrupción no valorará las confesiones de Julio Martínez, supuesto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, ni de los directivos de la aerolínea Plus Ultra -que aseguran haber pagado una mordida al expresidente del Gobierno por facilitar el rescate público de la compañía en marzo de 2021- por el orden en el que se han implicado en los hechos supuestamente delictivos, sino por la importancia que tenga la información que aporten y si ésta permite avanzar con la investigación.El lunes pasado, horas antes de que Martínez declarase ante el juez José Luis Calama como imputado, su defensa entregó al instructor de la Audiencia Nacional un guion de su declaración en la que adelantaba que, según su versión, él mismo y el expresidente del Gobierno acordaron crear una sociedad instrumental, Análisis Relevante, para que el político socialista cobrase una comisión ilegal de medio millón de euros de parte de Plus Ultra por facilitarles la ayuda de 53 millones a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Casi de manera simultánea, aunque alguna hora después, el presidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola y el consejero delegado Roberto Roselli (también investigados y que dimitieron de sus cargos en la aerolínea el viernes) presentaron también sus escritos en el Juzgado Central de Instrucción 4.

Respaldaron la versión de Martínez y dieron algún detalle más.

En el caso de Sola, confesó que había asumido, «como una medida desesperada» que Plus Ultra debía «contratar con el Sr.

Martínez Martínez para tal fin, conscientes de que tenía la relación con el Sr.

Rodríguez Zapatero, asumiendo asimismo el pago de elevadas cantidades de dinero (el 1%) por tales labores que, eufemísticamente, llamaron 'de acompañamiento'».

El goteo de confesiones fue valorado como una estrategia para posicionarse en bloque frente a Zapatero o una carrera por ser el verdadero confesorEl goteo de confesiones en una misma tarde fue valorado por unas fuentes del caso como una estrategia conjunta para posicionarse en bloque en una posición ventajosa frente a Zapatero y por otras fuentes como una carrera por ver quién es considerado como el verdadero confesor.

Fuentes fiscales aclaran -por si la lógica no era suficiente- que la confesión, de cara a ser tenida en cuenta como un atenuante en el momento de presentar los escritos de acusación y en un futuro juicio no sólo depende de haber tomado la delantera.

Es más relevante que se aporte información de calidad, que ayude a que las pesquisas avancen y a corroborar los indicios delictivos.

El relato debe ser veraz y contrastable, además de asumir las ilegalidadesAdemás de la propia asunción de las ilegalidades, para que el relato se tenga en cuenta es necesario que se haga ante el fiscal o la policía antes de que se inicie la investigación (esa es la verdadera confesión según el Código Penal) o ante el juez una vez la causa está en marcha.

Además, debe ser veraz y contrastable con documentación o el respaldo de testigos.El precedente de AldamaLa decisión de implicarse en los hechos y asumir una condena llega inmediatamente después de que el Tribunal Supremo haya condenado al empresario y comisionista Víctor de Aldama a cuatro años y medio de prisión en lugar de los siete que la Fiscalía pidió para él en el caso Mascarillas, así como le ha suspendido la ejecución de la pena por su aportación al descubrimiento de los delitos y la condición de no delinquir.

De esta manera, no tendrá que entrar en la cárcel.El fiscal jefe Anticorrupción, durante la exposición de su informe final en el juicio contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos -a quien Aldama pagó sobornos durante años a cambio de recibir contratos de material sanitario para la empresa a la que representaba- instó a la Sala a apreciar una atenuante muy cualificada de confesión al empresario, aplicándole la máxima rebaja penal que recoge la ley.

Defendió que «hay que compensar a quien decide salir de las organizaciones criminales» y que el relato de Aldama «se ve plenamente corroborado por otros elementos».

En la sentencia, se justificó ampliamente la decisión unánime de la rebaja y de la suspensión de la pena por parte de los magistrados, así como se recogió la jurisprudencia y las recomendaciones internacionales de reconocimiento del confesor.

Aldama también confesó una vez se había iniciado la investigación judicial y ya tenía impuestas medidas cautelares.

Las explicaciones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre las razones por las que rebajó la pena de Aldama en dos grados en el caso Mascarillas sirven como guía de lo que se puede entender como una confesión premiable si la investigación de Plus Ultra llega a juicio.«Su colaboración ha sido especialmente decisiva para avanzar en muchos aspectos de la investigación, dimensionando el alcance de la misma organización delictiva, identificando a otros posibles responsables y aportando datos e información de suma relevancia, sobre otros hechos presuntamente delictivos, y que, en el curso de la investigación, se fueron afianzando.

De esta manera ha propiciado y favorecido otras investigaciones y procedimientos seguidos en distintos Juzgados, en los que el acusado continúa prestando una colaboración activa», justificó la Sala.

Esos datos e información en el caso de Aldama fue «documentación sobre viajes, ingresos económicos a los otros acusados y contratos de arrendamientos de inmuebles», entre otros detalles, así como nombres de constructoras y contratos públicos que permitieron abrir otra línea de investigación sobre adjudicaciones presuntamente amañadas a cambio de mordidas en la que está implicada el exsecretario de Organización, Santos Cerdán.Reconocimiento nacional e internacionalLa sentencia recordaba que las instituciones europeas instan a premiar la figura del «arrepentido» que ayuda a esclarecer tramas de corrupción, así como nuestro ordenamiento jurídico contempla la necesidad de premiar las confesiones.

Los magistrados recalcaron la directiva 2026/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 abril de 2026, sobre la lucha contra la corrupción y el artículo 570 quater.4 del Código Penal español, que establece que los «jueces o tribunales, razonándolo en la sentencia, podrán imponer al responsable de cualquiera de los delitos previstos en este Capítulo la pena inferior en uno o dos grados, siempre que el sujeto haya abandonado de forma voluntaria sus actividades delictivas y haya colaborado activamente con las autoridades o sus agentes, bien para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o grupos a que haya pertenecido, bien para evitar la perpetración de un delito que se tratara de cometer en el seno o a través de dichas organizaciones o grupos». ...