Más de la mitad de los municipios de Madrid tienen recurrida la tasa de basuras de 2026

El caso del Ayuntamiento de Madrid ha sido el más sonado.

Su tasa de basuras va por la tercera versión y ni tan siquiera el alcalde popular puede garantizar que la de 2026 no acabe, como la de los dos años anteriores , en los tribunales.

Es ahí donde ha tratado de poner el foco la izquierda, que acusa a José Luis Martínez-Almeida de improvisar y aplicar una ley «injusta» y «regresiva».

No obstante, apenas se trata de una de las decenas de municipios de Madrid que tienen recurrida la tasa de residuos.

La ausencia de directrices homogéneas para aplicar la norma estatal ha llevado a los tribunales a un centenar de ayuntamientos, gobernados tanto por el PP como por el PSOE.De acuerdo con los datos recabados por ABC, más de la mitad de los municipios de Madrid tienen recurrida la tasa de basuras de 2026, impulsados por partidos políticos, asociaciones y los propios ciudadanos.

Solo el grupo Más Madrid ha recurrido la tasa de este año en, al menos, 94 de los 179 municipios de la región, incluidos algunos de los más poblados como Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Móstoles, Torrejón de Ardoz o Tres Cantos.Entre los gobernados por el PP destacan Alcobendas, Arganda del Rey, Arroyomolinos, Boadilla del Monte, Collado Villalba, Colmenar Viejo, Majadahonda, Móstoles, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos, Navalcarnero y Villanueva del Pardillo; mientras que entre los gobernados por el PSOE figuran Alcalá de Henares, Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Pinto, San Fernando de Henares, Ciempozuelos y Velilla de San Antonio.

La lista también incluye municipios con otros gobiernos, como Torrelodones, lo que refleja que la estrategia de impugnación se ha extendido por todo el territorio madrileño y afecta a ayuntamientos de distintos signos políticos.Además de las grandes ciudades, el listado incluye numerosos municipios pequeños y medianos repartidos por toda la región, como Aldea del Fresno, Ambite, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Cadalso de los Vidrios, Chapinería, Colmenar de Oreja, El Berrueco, Estremera, Morata de Tajuña, Orusco de Tajuña, Santa María de la Alameda, Tielmes, Torremocha del Jarama, Valdaracete, Valdilecha, Villa del Prado, Villamanta, Villar del Olmo o Villavieja del Lozoya, lo que implica que se trata de una estrategia de impugnación muy extendida en todo el territorio madrileño, que no entiende de signo político ni de densidad de población.A este listado de ayuntamientos donde Más Madrid ha recurrido la tasa de 2026 se suman las interpuestas por los contribuyentes, por las asociaciones y por otros partidos como Vox, PP y PSOE en otros municipios.

Este embrollo judicial se debe a la litigiosidad que ha provocado la ley impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Es tal que la norma estatal acumula cientos de recursos en todo el mapa.

Y es que si bien el Gobierno no fija el importe de la tasa, sí obliga a los ayuntamientos de toda España a que lo aplique y a que financie el coste del servicio.

Son los ayuntamientos los que deciden cómo diseñarla, qué bonificaciones aplicar y cuánto paga cada contribuyente, siempre dentro del marco establecido por la ley.

Muchas de las impugnaciones presentadas en los tribunales no cuestionan la obligación de crear la tasa, sino la forma en que cada municipio la ha aprobado o calculado.El principio europeo La ley estatal parte de la orden europea de que todos los estados miembros apliquen el principio de 'quien contamina, paga'.

Con ello, Europa marcó los objetivos y el Gobierno español aprobó la ley 7/2022, que es la que convierte esa obligación europea en una obligación concreta para los ayuntamientos.

La directiva europea de 2018 exigía a los Estados miembros alcanzar el 55% de la reutilización y reciclaje de residuos municipales para 2025, un porcentaje que deberá llegar al 60% en 2030 y al 65% en 2035.

De este modo, la ley estatal parte de la orden para evitar enfrentarse a un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea.Sea como fuere, y en lo que queden todos estos recursos, este proceso acredita una doble realidad.

La primera, que la responsabilidad recae sobre los tribunales, que tienen que interpretar la legalidad de la fórmula escogida por cada municipio, sin contar con criterios comunes y asumiendo diferentes categorías: bien por defectos en la tramitación de la ordenanza , al incurrir en supuestos errores en el procedimiento de aprobación, bien por defectos propios de la ordenanza de cada municipio, relacionados con su contenido.La segunda consecuencia es que quienes pagan por partida doble esta tasa son los madrileños.

Se puede comprobar en el caso de Cibeles, donde Almeida ya ha advertido que no devolverá el dinero a todos los contribuyentes aunque la tasa quede definitivamente tumbada.

Concretamente aclaró que únicamente se devolverá el importe de la tasa de basuras «en aquellos casos en los que la ley permita devolver».

94 Madrid 2022 Parla y Alcorcón municipios, al menos, de los 179 que tiene la Comunidad de Madrid tienen recurrida la tasa es el caso más crítico y polémico, ya que afecta a más contribuyentes es el año en el que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó la ley de residuos son ayuntamientos socialistas que han decidido dejar en suspenso la tasa de residuosLa principal fuerza de la oposición tanto a nivel regional como en esta localidad se puso a disposición de los vecinos para reclamar su devolución.

Bajo el eslogan de «Almeida te debe dinero, así puedes recuperarlo», Más Madrid abrió una recogida de firmas, online y en la calle de la que ha gestionado más de 130.000 reclamaciones.

Para evitar esta situación, los hay que incluso han tomado la severa decisión de no aplicar una norma obligada por el Gobierno central.

Y lo han hecho, precisamente, dos municipios gobernados por el PSOE: Parla y Alcorcón.

En el primero caso, el alcalde parleño dejó «en suspenso» el cobro de la tasa por considerarla una «injusticia» para los vecinos.

El regidor socialista Ramón Jurado lo anunció a finales de junio, durante el debate del estado de la ciudad, donde se posicionó a favor de sus electores y, por ende, en contra de su propio partido. «No creo que sea justo que los vecinos de Parla no gocen de los mismos derechos que otros municipios, por el simple hecho de ser más ricos o más pobres», argumentó en torno a una norma que aplica el Gobierno en base a las recomendaciones de la Unión Europea de que «quien contamina, paga».Un caso parecido al de Alcorcón, donde un mes antes, la alcaldesa Candelaria Testa paralizó la tasa de basuras de 2026 hasta conocer las resoluciones judiciales.

Con ello, la regidora socialista apeló a la «prudencia financiera» a la hora de suspender esta tasa obligada por el Gobierno al que pertenecen sus siglas.El Gobierno deja a los ayuntamientos libertad de criterioEn todo caso, se desconocen las consecuencias del incumpliendo.

De momento ni Alcorcón ni Parla han sido sancionados, pero ambos ayuntamientos asumen un riesgo si mantienen indefinidamente esa situación.

La ley 7/2022 exige que exista una tasa o prestación equivalente que financie el servicio de residuos, por lo que el Estado podría requerirles para que cumplan la normativa o impugnar sus acuerdos si entiende que incumplen la ley.

Además, mientras no cobren la tasa, el coste del servicio debería sufragarse con cargo al presupuesto municipal.Las directrices que marca Moncloa apenas esclarecen qué debe de hacer cada ayuntamiento.

Se obliga a que cada municipio implemente este tributo «según sus propios criterios , por lo que son los propios ayuntamientos los que determinan cómo calcular la cuantía de la tasa».

En todo caso, el Gobierno obliga a que la tasa refleje «el coste real del servicio», incluyendo no solo la recogida y tratamiento, sino también la vigilancia de las operaciones, el gasto en mantenimiento o las campañas de concienciación y comunicación en la materia.

La ley también contempla que los ayuntamientos puedan adaptar la tasa a las características de su población con herramientas como reducciones para personas o familias vulnerables o incentivos para la recogida separada de residuos en viviendas de alquiler vacacional.

Para confirmar cuánto, a través de qué vías (transferencia, en efectivo o con domiciliación) y cuándo se paga esta tasa, se recomienda acudir a la oficina municipal o acceder a la página web del ayuntamiento que corresponda, según establece el Gobierno central. ...