Lopesan se queja de que se entera por la prensa de las valoraciones del Cabildo sobre sus actuaciones en Veneguera
El grupo señala que todas las obras en ese terreno están amparadas "por los correspondientes títulos habilitantes, licencias y autorizaciones otorgados por las administraciones competentes”
El Cabildo de Gran Canaria traslada al Seprona informes sobre obras en el barranco de Veneguera
El Grupo Lopesan ha lamentado haber conocido a través de los medios de comunicación las valoraciones del Cabildo de Gran Canaria sobre sus actuaciones en el Barranco de Veneguera.
La corporación insular informó este viernes de que había trasladado al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) los informes de las obras realizadas por la empresa Costa Canaria de Veneguera, perteneciente al Grupo Lopesan, en ese enclave, que se encuentra dentro de límites de un espacio de extraordinario valor ambiental, paisajístico, arqueológico y cultural, integrado en el Parque Rural del Nublo y en la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria.
Entre otras actuaciones, ese informe denuncia la alteración y manipulación de cinco yacimientos arqueológicos en esta zona del sur de la isla de Gran Canaria.
En un comunicado, Lopesan afirma que la compañía no ha recibido hasta ahora ninguna notificación en relación con la apertura de nuevos procedimientos administrativos por esas actuaciones.
“Esta falta de notificación previa impide al grupo conocer el contenido real de los informes para ejercer con normalidad su derecho de audiencia y defensa”, señala la empresa, que destaca que mantiene desde hace décadas “una relación de plena colaboración y transparencia con las distintas administraciones públicas, siendo los cauces legalmente establecidos el único marco adecuado para analizar cualquier actuación”.
Por este motivo, Lopesan quiere aclarar que las actuaciones mencionadas en el comunicado del Cabildo de Gran Canaria responden a “proyectos diferentes, promovidos con finalidades distintas, sometidos a procedimientos administrativos independientes y amparados por los correspondientes títulos habilitantes, licencias y autorizaciones otorgados por las administraciones competentes”.
“En consecuencia, no pueden ser analizadas ni valoradas como una única actuación administrativa”, añade la empresa.
Lopesan explica que el plan de adecuación y naturalización del frente costero, promovido para recuperar un espacio degradado y reparar los efectos de la borrasca Therese, cuenta con la autorización expresa de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo del Gobierno de Canarias, órgano competente en el dominio público marítimo-terrestre, tras la tramitación del correspondiente procedimiento administrativo.
Las actuaciones ejecutadas en el camino interior de acceso, consistentes en la construcción de puentes de dos ojos diseñados “para mejorar la seguridad del tránsito y favorecer el correcto comportamiento hidráulico del barranco durante episodios de fuertes lluvias”, disponen de las correspondientes licencias urbanísticas otorgadas por el Ayuntamiento de Mogán y de las autorizaciones emitidas por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, añade.
Respecto a las referencias incluidas en el comunicado sobre patrimonio histórico, el Grupo Lopesan recuerda que cualquier cuestión relacionada con esta materia forma parte de procedimientos específicos, con su propia tramitación administrativa y, en su caso, judicial.
En consecuencia, “considera improcedente trasladar conclusiones a la opinión pública antes de que existan resoluciones firmes y antes de que la empresa haya podido conocer formalmente el contenido de los expedientes y ejercer plenamente su derecho de defensa”.
Lopesan “analizará con detalle” los informes una vez le sean notificados oficialmente por los órganos competentes y “ejercerá, en su caso, los derechos que le reconoce el ordenamiento jurídico, aportando toda la documentación técnica que resulte necesaria para el completo esclarecimiento de los hechos”.
La compañía reitera su “absoluta disposición” a colaborar con todas las administraciones públicas y manifiesta su “plena confianza” en que los procedimientos administrativos y judiciales “permitirán acreditar la legalidad de las actuaciones desarrolladas, así como los beneficios ambientales y de seguridad que persiguen los proyectos ejecutados” en la finca agrícola de Veneguera.
El Grupo Lopesan confía en que el análisis de cada expediente se lleve a cabo con “el máximo rigor técnico y jurídico, respetando las garantías propias del Estado de Derecho y permitiendo valorar cada actuación conforme a su procedimiento específico, la normativa aplicable y la documentación obrante en cada caso”. ...
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