El Sindicato de Periodistas llama a respaldar en los juzgados a la reportera que denunció al CEO de la productora de Canal Sur

Para ello han convocado una concentración el próximo martes 21 de julio frente a los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Sevilla, coincidiendo con la declaración judicial de Gustavo Fuentes como investigado por presuntos delitos de agresión y acoso sexual
Un juez de violencia de género imputa al CEO de la principal productora de Canal Sur por agresión y acoso sexual a una reportera

El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) ha convocado una concentración el próximo martes 21 de julio frente a los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Sevilla para respaldar a la reportera que denunció al exCEO de la principal productora de Canal Sur, Gustavo Fuentes, por agresión y acoso sexual, como desveló elDiario.es.

La movilización, convocada en “apoyo a la compañera denunciante”, coincide con la declaración judicial de Fuentes ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla. La comparecencia del exdirector general de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM) y de dos testigos había sido aplazada en dos ocasiones, la última el pasado 25 de junio.

Bajo el lema “por nuestra dignidad: fin a los abusos y a la precariedad en los medios de comunicación”, el SPA quiere mostrar su “apoyo absoluto” y “solidaridad” con la periodista “que ha denunciado valientemente haber sufrido abusos” en ADM, productora participada mayoritariamente por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno y principal proveedora de contenidos de Canal Sur.

A la convocatoria se han sumado las secciones sindicales de Canal Sur Radio y Televisión, la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) y el Comité Intercentros de la RTVA y Canal Sur Televisión, el máximo órgano de representación de los trabajadores de la radiotelevisión pública andaluza. “

Exigimos que los entornos laborales de los medios de comunicación andaluces sean espacios seguros, libres de cualquier tipo de acoso, violencia machista o abuso de poder“, señala la convocatoria, que también denuncia la ”grave situación de precariedad estructural que arrastra“ el sector audiovisual andaluz. Los convocantes apuntan directamente a ”la externalización sistemática de servicios de la RTVA en productoras privadas que, a menudo, imponen condiciones laborales abusivas, salarios de miseria y jornadas interminables, deteriorando la calidad del servicio público y la salud de sus profesionales“.

Un plan de igualdad presuntamente falseado

La convocatoria se produce mientras continúa la investigación judicial en torno a la denuncia presentada por la reportera contra Gustavo Fuentes. Como publicó elDiario.es, ADM carecía de un protocolo de prevención del acoso sexual y laboral “actualizado” un mes antes de que la periodista decidiera acudir a los tribunales.

Asimismo, este periódico reveló que la empresa habría falseado su Plan de Igualdad en diciembre de 2025, apenas un mes antes de que la trabajadora denunciara al entonces CEO por agresión y acoso sexual y de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer abriera diligencias contra él.

La imputación de Fuentes, también adelantada por este periódico, provocó su cese como CEO de la compañía y su salida de la presidencia del Clúster Audiovisual de Andalucía, entidad impulsada con apoyo de la Junta dentro de la estrategia digital promovida por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de su estrecha confianza.

La denuncia de la reportera describe tres presuntas agresiones sexuales ocurridas en distintos momentos entre 2013 y 2023. El escrito aporta fechas, lugares y testimonios de personas a las que la periodista relató los hechos cuando ocurrieron o poco después. También aporta pruebas y testimonios que acreditan el “continuo” acoso sexual que sufrió durante años en la compañía.

La respuesta de la Junta y de la empresa

Desde que trascendió la investigación judicial, el Gobierno de Juanma Moreno —accionista mayoritario de ADM a través de la empresa pública Sandetel— ha insistido en que la trabajadora no utilizó los canales internos de la empresa antes de acudir a los tribunales.

Lo cierto es que unas semanas antes de acudir al juzgado, esos canales internos no estaban “actualizados” y, cuando finalmente se registraron ante la autoridad laboral, el protocolo quedó bajo la responsabilidad de una directiva considerada la mano derecha del ejecutivo posteriormente denunciado.

La reportera ha explicado que no recurrió a los mecanismos internos por “miedo a represalias”. Por su parte, Gustavo Fuentes ha negado las acusaciones en declaraciones a este periódico, calificándolas de “denuncia falsa” y asegurando que “nadie ha activado en cinco años” el protocolo interno que permite denunciar de forma anónima.

La periodista presentó la denuncia el 26 de enero. El juzgado abrió diligencias en febrero y tomó declaración a la víctima el 25 de marzo. Posteriormente citó a declarar como imputado a Fuentes el 11 de mayo, aunque la comparecencia fue suspendida después de que el acusado modificara la relación de testigos apenas tres días antes.

Tras publicarse la noticia, el Consejo de Administración de ADM aseguró que conocía la situación procesal de su principal directivo desde el pasado 7 de mayo, cuando él mismo comunicó “la existencia de una denuncia por acoso sexual presentada a título personal por una empleada en excedencia, sin que constara denuncia previa en los canales habilitados por la empresa”. Fuentes próximas al exCEO de la productora coinciden en que Fuentes le trasladó su situación judicial al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, en abril.

Pese a ello, ni el Gobierno andaluz ni la dirección de la RTVA apartaron al directivo de la principal productora de Canal Sur hasta que elDiario.es hizo pública la investigación, el pasado 9 de junio.

Exigencia de responsabilidades

El Sindicato de Periodistas de Andalucía reclama ahora “responsabilidades políticas y empresariales”, así como “el cumplimiento estricto de los convenios colectivos” y la implantación de protocolos “eficaces y externos frente al acoso en todas las empresas del sector” audiovisual.

Por su parte, el Comité Intercentros de la RTVA añade la exigencia de que la radiotelevisión pública “asuma y garantice la fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral por parte de las empresas prestadoras de servicios”, además de velar por el respeto a los convenios colectivos y a la legislación en materia de igualdad. ...