Condenados ocho independentistas por boicotear un acto de Societat Civil Catalana en 2018

Los acusados solicitaban la amnistía, pero el magistrado condena a ocho de los 18 activistas por un delito contra las libertades fundamentales
Los CDR piden a la Audencia Nacional que les aplique la amnistía tras el aval del TJUE

La plaza 19 de la sección penal del tribunal de instancia de Barcelona ha condenado a ocho activistas independentistas por intentar impedir un acto de Societat Civil Catalana (SCC) a favor de la lengua castellana y de Miguel de Cervantes en 2018. Las condenas por delito contra las libertades fundamentales han sido de dos años de prisión para dos de ellos; medio año para otros dos y multas a los cuatro restantes.

Los procesados –en total 18, aunque los otros diez quedaron absueltos– solicitaron la amnistía, pero el magistrado alega que el acto, que se celebraba en la Universitat de Barcelona, no era independentista, sino contra la lengua castellana, según ha informado la defensa, Alerta Solidària.

Alerta Solidària critica que se les deniegue la amnistía por no considerarse un acto independentista, pero al mismo tiempo se les condene con el agravante de discriminación ideológica.

Cada uno de los 18 procesados se enfrentaba a peticiones de dos años y medio de prisión y a una multa de 6.500 euros. Se les acusaba de un delito de coacciones y de otro contra el ejercicio de derechos fundamentales y libertades. La fiscalía aplicó a todos los acusados el agravante de discriminación ideológica.

Los hechos que se remontan a la primavera de 2018. La entidad Societat Civil Catalana organizó un acto en el edificio histórico de la UB de homenaje a Miguel de Cervantes, pero un grupo de activistas independentistas irrumpió con pancartas e impidió el desarrollo del acto. Ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de los asistentes y la negativa del rectorado universitario a permitir la entrada de los Mossos, el acto fue suspendido.

La fiscalía aseguraba que los manifestantes impidieron el libre ejercicio de un acto legítimo mediante la intimidación. El ministerio fiscal y SCC interpusieron una querella que ha acabado con las 18 personas procesadas, aunque ningún informe policial ni de la UB registró ningún herido ni daños materiales graves. ...