El limbo legal de decenas de familias de Fuenlabrada: «Nos sentimos okupas en nuestras casas»

La situación de una decena de familias del centro de Fuenlabrada es el daño colateral de una quiebra, un préstamo y una adquisición.

Hace ya años que la incertidumbre ronda sus vidas.

El propietario del inmueble en el que residen, en la calle de Pinto, se arruinó, y el edificio acabó en manos de la Sareb en el año 2020.

Desde entonces, la mayoría de inquilinos no paga un alquiler porque la entidad no ha formalizado sus contratos.

Sus hogares se han convertido para ellos en una fuente de tormento y no les abandona el temor a un desahucio.

Y con la marcha de algunas familias han llegado las okupaciones, que han traído consigo diversos problemas de convivencia.Hace seis años que el edificio es propiedad del conocido como 'banco malo', pero solo hace cuatro que sus inquilinos lo saben.

Transcurrieron dos años en los que ellos continuaron abonando el arrendamiento al antiguo propietario, que se lucraba a su costa sin que le perteneciesen ya las viviendas.

De aquella ignorancia obligada salieron cada uno por su propio pie, con llamadas o consultas con abogados.

Y entonces comenzó lo que llaman su «tormento». «Estamos luchando por pagar el alquiler, es como el mundo al revés», expresa una vecina, madre de varios niños.«Nos pusimos en contacto con la Sareb, escribiendo correos y llamando por teléfono, pero no contestaban», recuerdan los afectados.

Después aparecieron las cartas, misivas que deslizaban por debajo de las puertas para que se pusieran en contacto con ellos y que, según el relato de los vecinos, tampoco sirvieron para recibir respuestas.

Así que algunos, los que podían y querían, se fueron en busca de una vida alejada del embrollo judicial, sin la inquietud que había invadido sus hogares de improviso.

El hueco que dejaron fue sustituido con okupas que, en muchas ocasiones, generan problemas de convivencia.

A algunos de ellos, la Sareb les ha hecho contratos tras certificar su vulnerabilidad, situación que indigna a quienes viven allí desde hace años sin recibir respuestas.

Muchos de ellos también sufren esta vulnerabilidad.

Son familias con niños, madres solteras con hijos, jubilados y parejas jóvenes, entre otros. «Estoy divorciado, jubilado y tengo a mi hijo con una minusvalía, que vive conmigo», cuenta Agustín, que no entiende cómo puede estar, a estas alturas de la vida, inmerso en algo así.

A quienes acrediten este tipo de situaciones, la Sareb tiene la obligación de ofrecerles un alquiler social, pero ellos aseguran haber entregado los papeles que demuestran su vulnerabilidad más de una vez y esto no sucede.

Primero, lo hicieron de manera presencial a un representante de la sociedad.

Y, después, a través del Sindicato de Inquilinas, ya que el declarado 'bloque en lucha' se sindicó en abril de 2025 ante la desesperación y falta de respuestas.La Sareb ofreció siete contratos de alquiler social a vecinos, aunque dos fueron rechazados por una mezcla de la inseguridad provocada por las okupaciones y que consideraban ciertas cláusulas como «abusivas» por vulnerar su intimidad, fruto de ser incluidos en su Programa de Alquiler Social con Acompañamiento e Inserción Laboral.

Al margen de ellos, quedan unas diez familias a la espera de noticias mientras sobre ellos planea la amenaza de un posible lanzamiento, que es la resolución que más temen.

A comienzos de 2026, un representante de la entidad trasladó al Tribunal de Instancia de Fuenlabrada una solicitud de lanzamiento a los vecinos de las 25 viviendas de la calle de Pinto, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.

El documento incluye también las viviendas a las que la propia Sareb ya hizo contrato.La orden es su mayor temor, porque implica que si evalúan sus viviendas y lo consideran oportuno, pueden decretar una fecha para desalojarlos de sus casas.

Sin embargo, la entidad sostiene que es un procedimiento reglamentario que se realiza para mantener la fluidez en procesos que habitualmente son largos, y arguyen que no tiene validez hasta que se emita una fecha que todavía no tienen.

Mientras, dicen estudiar la situación de las viviendas.

Por tanto, el desahucio podría no producirse, al margen de uno que ya hay fechado de un individuo por «impagos del alquiler», que está previsto para el mes de octubre.«Estamos luchando por pagar el alquiler, es como el mundo al revés» Vecina afectada«El que dice ser el gobierno más progresista de la historia, que ha formado Casa 47, que se ponga las pilas de una vez porque el problema de la vivienda es demencial» Vecina afectadaPero los vecinos están confusos, dicen que navegan en aguas turbias porque con ellos no se ponen en contacto, que no se han detenido a explicarles todo esto.

Y el tiempo perdido entre interrogantes «no lo va a devolver nadie». «El dolor que hemos pasado, el sufrimiento, la amargura.

Nadie ha venido a preocuparse de nosotros», apunta Isabel, a las puertas de la casa en la que reside y en la que lucha por quedarse. «Nos sentimos okupas en nuestras casas», dicen.

Es la sensación con la que conviven, pero llevan allí cinco, diez o quince años y no quieren sentirse así, en los que son sus hogares de siempre, con sus fotos familiares, sus sábanas, sus cuadros.

Cómo llegaron aquíLa Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) es una entidad creada en 2012, tras la crisis que cuatro años antes dejó a una España devastada en lo económico, y que el Estado controla en más de un 50 por ciento .

El objetivo de su creación fue absorber aquellos activos inmobiliarios considerados como tóxicos porque pertenecían a los bancos que necesitaron un rescate financiero.

En su poder terminaron viviendas como el bloque de Pinto, 15, 17 y 19, pero no solo fueron sus cimientos los que pasaron a manos de esta sociedad, también lo hizo la suerte de las decenas de vidas que en ellos discurren.Cuando llega a sus manos en 2020, Sareb descubrió que el inmueble estaba completamente habitado.

No sabía quiénes eran sus moradores y solicitaron a un juez que confirmase la validez de sus contratos, si residían allí legalmente o no.

Cinco años después, tras un proceso largo, se decretó que solo tres familias lo poseían.

El resto, podían quedarse de ser declarados personas vulnerables y, si no, se les debe ofrecer un alquiler asequible. «Nos pusimos en contacto con la Sareb, escribiendo correos y llamando por teléfono, pero no contestaban» Vecinos de Pinto, 19Aunque los vecinos aseguran haber cooperado y entregado por diversas vías los papeles que retratan sus situaciones, solo se han realizado unos pocos contratos, que se contradicen entre los que unos y otros dicen.

Son nueve alquileres según la Sareb y siete, aunque con dos finalmente no firmados, según el sindicato.

En cuanto a quienes no presentaron un contrato en el juicio y tampoco han demostrado su vulnerabilidad, lo habitual es que se proceda al lanzamiento.

Y respecto a los nuevos llegados, los vecinos aseguran que ninguno de los okupas ha sido desalojado, ni siquiera aquellos que entraron ilegalmente y no han demostrado que sean vulnerables.Desde la entidad aseguran que lo habitual es que procesos como el que acontece en Fuenlabrada son lentos debido a los tiempos que marca la Justicia y al volumen de trabajo que ellos mismos manejan.

Además, cuentan que todos los pisos están en una fase de estudio.

El año que viene, la Sareb terminará su trabajo, no solo en Fuenlabrada sino en toda España.

La entidad pondrá fin a su labor.

Entonces, el inmueble pasará a formar parte de Casa 47, la nueva empresa pública de alquiler asequible del Estado, y aseguran que todos los contratos que se hayan hecho hasta el momento se mantendrán.

Pero los vecinos, antes de que ocurra todo esto, quieren recibir sus contratos, una solución a la situación que les llegó sin haber hecho ellos nada. «El que dice ser el gobierno más progresista de la historia, que ha formado Casa 47, que se ponga las pilas de una vez porque el problema de la vivienda es demencial», concluyen. ...