La Audiencia Provincial respalda la decisión de Peinado y descarta que sea «contraria a derecho»

La Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar a Begoña Gómez al banquillo frente a un jurado popular, una «opción» que «no puede reputarse arbitraria ni contraria a Derecho, en la medida en que identifica los delitos que, de manera indiciaria, pudieran resultar aplicables y justifica la continuación del procedimiento por dicho cauce».

Los magistrados de la sección 23 explicaron en su auto, que se dio a conocer este jueves, que la «decisión de incoación del procedimiento del jurado no exige una acreditación plena de los hechos ni un juicio definitivo sobre su calificación jurídica, sino únicamente la existencia de indicios racionales de criminalidad que justifiquen la continuación del proceso por dicho cauce».

En concreto, el tribunal dejó claro que «en esta fase procesal resulta improcedente un análisis exhaustivo de la prueba o una valoración anticipada propia del juicio oral, bastando la concurrencia de elementos indiciarios que doten de verosimilitud a la imputación».

La tesis de PeinadoLa resolución incide en que el auto por el cual el magistrado dio por concluida la instrucción y propuso juzgar a Begoña Gómez «contiene una descripción de hechos y circunstancias que, sin perjuicio de la valoración que en su momento proceda efectuar, permiten sustentar, en este estadio inicial, la existencia de indicios relativos a la posible comisión de delitos competencia del tribunal del jurado, en particular en relación con las figuras de tráfico de influencias y malversación, sin que las alegaciones de la parte recurrente desvirtúen de forma evidente dicha base indiciaria».

La Audiencia Provincial recuerda que para Peinado «hay una evolución en la posición de Begoña Gómez que se inicia con un cambio profesional coincidente con la llegada del esposo de la investigada a la presidencia del Gobierno, continúa con la creación y desarrollo de una estructura académica y tecnológica con participación de entidades públicas y privadas, y culmina con el traslado del control del proyecto al ámbito privado, en un contexto en el que se investigan posibles irregularidades vinculadas a la obtención de financiación, adjudicación de contratos públicos, utilización de recursos públicos y apropiación de activos desarrollados en el entorno universitario».Por tanto, concluyen, «existe un relato que se deriva de la existencia de indicios verosímiles de hechos que exigen, conforme se analizará, de la incoación del procedimiento del jurado», a pesar de las alegaciones de las partes que consideran que «no concurren indicios suficientes y que los hechos carecen de encaje en los tipos penales». ...