La jubilación parcial del personal laboral de las administraciones sale adelante en el Congreso tras la abstención del PP

La norma permite que los asalariados públicos compatibilicen la reducción de su jornada con el cobro de la pensión y mejoran el complemento de residencia de más de 11.000 empleados públicos en Baleares

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El Congreso ha avalado este jueves el Real Decreto-Ley que permitía la jubilación parcial anticipada del personal laboral de las Administraciones públicas con los votos en contra de Vox, Junts y Podemos, cuyos cuatro diputados se han sumado a las derechas porque la norma no abordaba la situación de los interinos en el sector público. El PP finalmente se ha abstenido y ha permitido la convalidación.

La norma incluye dos medidas fundamentales. Por un lado, adapta la legislación para hacer efectiva la jubilación parcial anticipada del personal laboral de todas las Administraciones públicas, una reivindicación histórica de las organizaciones sindicales. Y, por otro, actualiza el complemento de residencia que perciben los empleados públicos destinados en las Illes Balears.

El ministro de Función Pública, Óscar López, ha reclamado el apoyo de los grupos “por encima de colores políticos”, al considerar que se trata de una medida que “mejora la vida de mucha gente y no empeora la de nadie”. “Si un empleado del sector privado puede acudir a la jubilación parcial anticipada, ¿por qué no iba a hacerlo un trabajador de la Administración pública?”, ha defendido el ministro desde la tribuna del Congreso.

Cómo era la jubilación parcial prevista

La norma fija que el personal laboral podrá acceder a la jubilación parcial anticipada siempre que se formalice simultáneamente un contrato de relevo. Entre los requisitos figuran haber cotizado al menos 33 años, contar con una antigüedad mínima de seis años en el puesto y solicitarla hasta tres años antes de la edad ordinaria de jubilación.

La reducción de jornada puede situarse entre el 25% y el 75%, percibiendo el trabajador un salario proporcional por el tiempo trabajado y la parte correspondiente de la pensión por las horas dejadas de desempeñar.

Apoyos y críticas de los grupos parlamentarios

En el debate parlamentario, Ione Belarra cargó contra el Gobierno por mantener una situación de “abuso de temporalidad”. La dirigente de Podemos acusó al Ejecutivo de incumplir las exigencias de la justicia europea y reclamó la “fijeza ya” para el personal interino, al considerar insuficientes los procesos de estabilización e indemnización. Belarra advirtió de que su formación solo apoyará una reforma del empleo público si antes se resuelve el problema de la temporalidad, pese a mostrarse favorable a medidas como el complemento de insularidad o la futura reforma de la función pública.

Las críticas más duras llegaron desde Junts per Catalunya. Su portavoz, Josep Pagès, denunció el “uso perverso” que, a su juicio, hace el Gobierno de la figura del real decreto-ley para sacar adelante iniciativas legislativas sin una mayoría parlamentaria estable. Aunque reconoció la necesidad de corregir el vacío legal sobre la jubilación parcial del personal laboral del sector público, cuestionó que el Ejecutivo considere urgente esta medida mientras mantiene sin resolver otros problemas del empleo público, como la situación de los trabajadores interinos.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular Ángel Ibáñez calificó el decreto como una “avería normativa” y criticó la forma “atropellada” de legislar del Gobierno. Los populares sostuvieron que la función pública necesita una estrategia mucho más amplia de relevo generacional y reprocharon al Ejecutivo que actúe cuando los problemas ya se han desbordado, en lugar de acometer una reforma integral del empleo público. Finalmente, han optado por la abstención.

Esquerra Republicana anunció su apoyo al decreto al considerar que cumple los acuerdos alcanzados con los sindicatos. Su portavoz, Pilar Vallugera, defendió las mejoras laborales en el empleo público y rechazó plantearlas como un conflicto entre trabajadores. También la portavoz de Coalición Canaria Cristina Valido, respaldó la norma, que calificó de “necesaria y de justicia” para facilitar el relevo generacional y una transición ordenada hacia la jubilación parcial.

EH Bildu también apoyó el decreto. Oskar Matute destacó que el contrato de relevo dignifica el final de la vida laboral y favorece la incorporación de nuevos empleados en condiciones estables. Asimismo, respaldó la actualización del complemento de residencia en Baleares y rechazó enfrentar las reivindicaciones de distintos colectivos del sector público.

El complemento de insularidad en Baleares

La propuesta incrementa estas indemnizaciones un 100% en Mallorca y más de un 300% en el resto del archipiélago, con carácter retroactivo desde el 1 de julio. El Ejecutivo calculaba que más de 11.000 empleados públicos se beneficiarían de esta mejora, equiparando las compensaciones económicas a las existentes en Canarias.

Durante su intervención, el ministro López puso como ejemplo que una inspectora de Trabajo del grupo A1 en Mallorca pasaría de percibir 115 euros mensuales a más de 214 euros por este concepto, mientras que un administrativo del SEPE del grupo C1 destinado en Menorca vería incrementado el complemento desde los 101 euros actuales hasta más de 405 euros. ...