La acusación popular pide 13 años de cárcel para Begoña Gómez y seis para su asesora

La acusación popular unificada del caso Begoña Gómez , representada por Hazte Oír, ha presentado su escrito de acusación contra la mujer del presidente del Gobierno, en el que pide 13 años de prisión para ella y seis para su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.

En el escrito de acusación, consultado por ABC, considera autora de los delitos de tráfico de influencias, malversación continuada y malversación agravada a la esposa de Sánchez.

En el caso de Álvarez, además de los años de prisión pide para ella la inhabilitación absoluta por 15 años y la considera cooperadora necesaria en el desvío del 'software' de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) desarrollado para la cátedra extraordinaria de la mujer del presidente a la que, según considera la acusación y tanto el juez Juan Carlos Peinado como la Audiencia de Madrid ven indicios de ello, accedió gracias a su condición de esposa del jefe del Ejecutivo.

Precisamente entre las pruebas solicitadas para el juicio, la acusación popular unificada pide las declaraciones como testigos de Sánchez y del ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, exsecretario general de Presidencia, departamento desde el que se creó el puesto de Cristina Álvarez en julio de 2018 por medio del que se acusa a Begoña Gómez y a ella de malversar fondos públicos por dedicarse a asuntos privados en lugar de limitarse a llevar la agenda y protocolo de la mujer del presidente, para lo que fue contratada.

Después de que la Audiencia de Madrid confirmara la decisión del titular del Juzgado de Instrucción 41 de enviarla a juicio ante un Jurado Popular por los delitos de tráfico de influencias y malversación , la acusación popular presenta su escrito de conclusiones provisionales.

La Fiscalía, igual que la defensa de Gómez, ha considerado durante toda la instrucción que el caso debía ser archivado, por lo que no acusará.

En el auto con el que avalaron la decisión de Peinado, los magistrados consideraron que la citada cátedra se creó gracias a la presión ejercida por ser Begoña Gómez -quien recibió al rector en la Moncloa- y que el 'software' de medición se sufragó con fondos públicos: «No parece que pueda negarse con plena certeza que, atendido el modo y forma en que se verificó la solicitud y la inmediata concesión, se ejerció una presión moral suficiente como para mover la voluntad de la autoridad académica de la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo la decisión no solo de crear la cátedra sino de nombrarla directora, permitiéndole así sufragar con financiación pública el proyecto de desarrollo de una herramienta digital de medición que pretendía de uso y titularidad personal o privada».En su escrito de acusación, las acusaciones representadas por Hazte Oír atribuyen a Gómez prevalerse «de su condición de esposa del Presidente del Gobierno para que la UCM creara a su medida la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC)».

Por este motivo solicitan, de cara al juicio, dos años de prisión por tráfico de influencias más una multa del duplo del beneficio y prohibición de contratar con el sector público durante 10 años.También ven claro que destinó a fines privados la labor de Cristina Álvarez, asistente retribuida con fondos públicos, cifrando en más de 364.000 euros las «nóminas de los Presupuestos del Estado».

Por eso considera que incurrió en malversación continuada del artículo 432 del Código Penal por el que le piden tres años de prisión más la suspensión para cargo público durante cuatro años.La malversación agravada de los artículos 432.1 y 432.2 del Código Penal la ven porque consideran que se apropió del 'software' desarrollado con fondos públicos de la cátedra, a través de marcas, el dominio 'transformatsc.org' y la sociedad Transforma TSC SL.

Consideran que estos hechos tuvieron un perjuicio para la Complutense de 113.509 euros y por eso, además de ocho años de prisión, por este delito también solicitan la inhabilitación absoluta durante 20 años para la mujer de Sánchez.Subsidiariamente, piden que si el tribunal aprecia concurso medial entre el tráfico de influencias y la malversación, la pena única solicitada sería de 10 años.

En el caso de Cristina Álvarez, la consideran únicamente cooperadora necesaria para que Gómez cometiera el delito de malversación del 'software', por lo que solicitan para ella seis años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta.

Piden que las costas del proceso se impongan a ambas «en proporción a su respectiva responsabilidad criminal».Prueba durante el juicioEn cuanto a la prueba a practicar durante el juicio, la acusación popular solicita la declaración de varios testigos «clave».

En primer lugar, del presidente Pedro Sánchez y esposo de Begoña Gómez para interrogarle «sobre el uso de La Moncloa como ámbito relacional del proyecto».

También solicitan la testifical del ministro Félix Bolaños y la consideran «determinante para esclarecer el nombramiento de Cristina Álvarez», del exrector de la Universidad Complutense Joaquín Goyache, cuyo papel ven «esencial para la creación de la Cátedra» y para que aclare las reuniones mantenidas en La Moncloa con Begoña Gómez.Por último, solicitan la declaración como testigo del empresario Juan Carlos Barrabés, quien ha tenido la condición de investigado, para que aclare «su relación profesional con Begoña Gómez, las reuniones en el Palacio de la Moncloa y su colaboración en el Máster y el proyecto de la Cátedra TSC».

En otra línea de investigación recientemente abierta a instancias de la Fiscalía Europea, se abordan las concesiones públicas de Red.es otorgadas a Barrabés, quien según la investigación del juez Peinado habría apoyado y ayudado a Gómez a desarrollar su cátedra por sus conocimientos en emprendimiento de negocios tecnológicos. ...