Ortega certifica su rumbo dictatorial en Nicaragua al activar el fin de las elecciones: "Se quitó la máscara"

Los expertos coinciden en que, de aprobarse la reforma que está preparando el Parlamento, se profundizaría la erosión del Estado de derecho y se consolidaría el cambio de régimen político en el país centroamericano
Ortega dice que Nicaragua no celebrará más elecciones

Por primera vez, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega ha anticipado que no permitirá elecciones que pongan en riesgo la continuidad del oficialismo y ha ordenado al Parlamento preparar el marco legal para ello. Lo anunció el pasado domingo, en la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, en una inusual aparición pública.

Ortega, exguerrillero del Frente Sandinista que lideró la revolución contra la dictadura de los Somoza, acumula casi 20 años consecutivos en el poder. Tras perder varias elecciones en los 90, fue reelegido en 2007, pero desde entonces, su régimen ha derivado en un modelo cada vez más autoritario.

Desde las masivas protestas de 2018, donde murieron más de 300 personas, el régimen ha encarcelado miles de opositores, ha reprimido cualquier forma de disidencia, ha cerrado medios de comunicación y ha enviado a miles de personas al exilio, arrebatándoles la nacionalidad. Sin embargo, “el proceso de concentración del poder es previo y se va dando de forma gradual”, dice a elDiario.es Carlos Malamud, investigador del Real Instituto El Cano.

Ya en 2016 el libro El régimen de Ortega advertía que el mandatario “ha consolidado un poder personal y familiar, como nadie antes en la historia moderna de Nicaragua, incluido los Somoza” y ha constituido “un régimen sultanístico, en que la voluntad e intereses del sultán se confunden con los del Estado”.

En los últimos años, ha promovido varias reformas constitucionales para blindar su poder, la más profunda, en vigor desde febrero de 2025, modificó 148 de los 198 artículos de la Carta Magna y aprobó, entre otros, instalar un “cogobierno” con su esposa Rosario Murillo, consolidar el Ejecutivo por encima del Parlamento y la Justicia, y alargar los mandatos presidenciales de cinco a seis años (las próximas elecciones deberían celebrarse en 2027).

Sería un cambio sustantivo en el tipo de régimen político de Nicaragua, que dejaría de ser, en lo formal, una democracia

Elvira Cuadra
— Socióloga y directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM)

Si la reforma anunciada hace unos días prospera, “sería un cambio sustantivo en el tipo de régimen político de Nicaragua, que dejaría de ser, en lo formal, una democracia”, dice a elDiario.es la socióloga Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM) y coautora del libro. “Eso demandaría una interpretación distinta, otra lectura y también otras medidas de parte de la comunidad internacional”.

“Hasta ahora muy pocos regímenes del mundo, incluso autoritarios, han dicho que no celebrarán elecciones; las convocan aunque sean sesgadas o fraudulentas”, añade a este medio el académico de la Universitat de Girona Salvador Martí.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha deplorado esta semana las nuevas medidas que, según alerta, restringen las libertades civiles y políticas en el país centroamericano y también ha advertido de que profundizan la erosión del Estado de derecho y del espacio democrático en el país. “El espacio cívico está prácticamente cerrado. La expresión independiente de ideas u opiniones se reprime de forma sistemática”, ha dicho su portavoz, Marta Hurtado. En 2023, un grupo de expertos que investigan para Naciones Unidas concluyó que el Gobierno nicaragüense ha cometido violaciones generalizadas de los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad contra la población civil por motivos políticos, con supuestos abusos que incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y tortura, además de la privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país.

“Una continuación de la dictadura de los Somoza”

El derecho a voto en Nicaragua se había logrado mantener desde los años 80, cuando se restableció, a pesar de “todas las dificultades e irregularidades”, dice Cuadra. Sin embargo, el nuevo anuncio, que “contradice” la Constitución nicaragüense, abre la puerta a eliminar lo que queda de ese formalismo. De concretarse, demostraría que a los copresidentes “ya no les importan” el coste político y el deterioro de la imagen internacional, añade Cuadra desde el exilio en Costa Rica. Para ella, las medidas de presión de la comunidad internacional sobre ellos “no han tenido efecto” porque han sido básicamente sanciones contra personas de su círculo de poder.

Los expertos recuerdan las últimas elecciones presidenciales de 2021, en las que los Ortega Murillo encarcelaron a todos los precandidatos opositores con posibilidades reales de disputarles el poder. El Gobierno de Ortega afirmó que él había ganado con el 76% de los votos.

El excandidato presidencial nicaragüense Juan Sebastián Chamorro fue uno de los más de 200 presos políticos que en febrero de 2023 fueron desterrados a Estados Unidos y despojados de su nacionalidad por “traidores” y “vendepatrias”. Considerado uno de los principales opositores al régimen y miembro de una de las familias más conocidas de Nicaragua –es sobrino de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997)–, el economista liberal cree que el escenario actual supone una “consolidación dictatorial con el robo sistemático de elecciones”.

A su juicio, Ortega “añora un sistema de partido único o hegemónico tipo Corea del Norte, donde las elecciones existen formalmente, pero no constituyen un mecanismo real para disputar el poder”.

El Parlamento, controlado por el orteguismo, ya ha anunciado en un comunicado oficial que ha iniciado un plan de trabajo para preparar reformas a la Constitución y otras leyes para definir los pasos para “garantizar las bases jurídicas” de las reformas, aunque no se ha detallado qué modificaciones se van a realizar, cuándo ni cómo. “La dictadura de la dinastía Ortega viene a ser una continuación de la dictadura de la dinastía Somoza, con el interregno de la revolución sandinista, pero con líderes como este, evidentemente, la revolución fue sólo una mala pesadilla”, señala Malamud.

Oposición con limitaciones

Sin adversarios y con posibilidades muy limitadas de organizarse, parte de la oposición deposita sus esperanzas en algún quiebre interno del núcleo, aunque por ahora el régimen apunta a la continuidad del poder en manos de Murillo, de 74 años, y luego entregar el legado a alguno de sus hijos “en un régimen hereditario”, explica Martí, también investigador del CIDOB.

La dictadura de la dinastía Ortega viene a ser una continuación de la dictadura de la dinastía Somoza

Carlos Malamud
— Investigador del Real Instituto El Cano

Dentro del círculo de poder de la pareja, sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con la sucesión familiar diseñada, por eso en el último tiempo ha habido purgas y acusaciones contra funcionarios cercanos. “Desde que está en curso ese proceso de sucesión dinástica ha habido una reestructuración de todo el círculo de poder”, apunta Cuadra. Según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN) recogidos por la prensa nicaragüense, al menos 4.000 trabajadores del sector público han sido despedidos por el régimen.

“El descontento es generalizado y muy profundo. Hay un sistema de vigilancia, de control y de temor sobre la gente que han impuesto y muchos ciudadanos fingen que están viviendo en condiciones de normalidad”, sostiene la socióloga.

“Un papel secundario”

Los opositores en el exilio esperan que la presión internacional allane el camino para una transición o la celebración de comicios. Tras las últimas declaraciones de Ortega, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dijo que el Gobierno de Nicaragua “abandonó incluso la apariencia de consentimiento popular”, e instó a la comunidad internacional a “unir fuerzas” frente al matrimonio. Malamud señala que, en comparación con Venezuela o Cuba, para EEUU “Nicaragua tiene un papel secundario y su valor [geoestratégico] es menor”. Además, añade, en este momento Washington ya tiene varios frentes abiertos en la región y Oriente Medio.

“Esperamos un apoyo desde atrás al proceso de transición democrática liderado por nicaragüenses”, dice Chamorro, que cuenta que asegura que han hablado tanto de forma privada como en público con actores de EEUU.

Foto referencial de la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo.

Martí explica que las presiones de la oposición a la Casa Blanca apuntan a la convocatoria de unas elecciones “competitivas” para 2027, en las que pueda concurrir el Frente Sandinista “pero sin Ortega ni Murillo como candidatos”.

Nicaragua ha suscrito el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA) y, bajo ese marco, EEUU aplicó sanciones a Managua por abusos laborales y violaciones de derechos humanos, aunque no llegó a aplicar las máximas penas comerciales.

Cuadra sostiene que algunas medidas que podrían “golpear fuertemente al régimen” pasan por aplicar las cláusulas del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica que tienen que ver con el diálogo político y que establecen “condiciones claras” relacionadas con la democracia y los derechos humanos.

Más allá de si habrá convocatoria electoral en 2027 y si será o no competitiva, para los exiliados como Chamorro, con su polémico anuncio, Ortega “se quitó la máscara” porque –concluye– “dijo lo que siempre ha pensado”. ...