Moncloa ordena sostener a Zapatero para que no arrastre al Gobierno en el rescate

El Gobierno no afloja su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero, pese al avance de la investigación del caso Plus Ultra y los nuevos testimonios —en forma de confesión— de Julito Martínez y dos directivos de la aerolínea que confirmarían el cobro de una comisión del 1% —530.000 euros—por parte del expresidente tras producirse el rescate de la compañía en pandemia.

En el Ejecutivo no mueven un milímetro el cierre de filas con Zapatero, mientras crecen las voces en el PSOE que piden empezar a marcar distancias con él para no verse «arrastrados» por el devenir del caso.

En el partido existe una preocupación creciente por que esta cuestión siga desgastando las siglas y sea una rémora difícil de revertir a menos de un año de las elecciones municipales y autonómicas de 2027.

Esta presión, sin embargo, está resultando estéril y ya hay dirigentes socialistas que ven en el sostén al expresidente un movimiento puramente estratégico, de autodefensa por parte de Pedro Sánchez.

Las fuentes consultadas no creen que el apoyo a Zapatero sea una cuestión de lealtad ni siquiera con la vocación de preservar su legado, sino una maniobra de «control de daños».

Entienden que la estrategia de respaldo público y político obedece a establecer un cortafuegos en la figura del expresidente que impida que las implicaciones —que puedan derivar en responsabilidades judiciales— lleguen a escalar hasta los organismos que aprobaron el rescate, con parada final en el Consejo de Ministros del 9 de marzo de 2021.

Para ello, en Moncloa necesitan que Zapatero no cambie de versión, esto es, que siga negándolo todo, incluida cualquier mediación o gestión para que el Gobierno se aviniera a aprobar el préstamo a Plus Ultra.

Las fuentes consultadas explican que si desde el Ejecutivo se decidiera dejar caer al expresidente, asumiendo su implicación en la trama, esto supondría tanto como reconocer que tuvo capacidad de influencia en las decisiones que se adoptaron.

También quedarían comprometidos en caso de que el expresidente optara por modificar su primera declaración y reconociera labores de lobby que hasta ahora ha negado.

En tal caso, debería explicar qué resortes de la Administración pulsó para conseguir los objetivos por los que recibió la contraprestación económica de la compañía aérea.

En su declaración judicial, Martínez aseguró no saber con quién habló Zapatero, esto es, no supo o no quiso apuntalar el tráfico de influencias.Hasta la fecha, tanto Sánchez como los portavoces gubernamentales se han rebelado ante las dudas generadas sobre cualquier irregularidad en el rescate a la aerolínea.

En el Ejecutivo se enrocan en que todo fue correcto , que se hizo conforme a la legalidad y los trámites oportunos y, además, exponen que el rescate ha sido después revisado por varias instancias, tanto judiciales como europeas, lo que —a su juicio— demuestra que se hizo con todas las garantías. «Defendemos que no tiene sentido intermediar para conseguir algo que ya cumplía todos los requisitos.

No hacía falta», sentencian, enarbolando también informes de importantes despachos de abogados que garantizaban la operación.Fuentes gubernamentales consultadas por este diario se reafirman en que «no se hizo nada mal» y que «en ningún caso se recibieron presiones» para que se aprobara o acelerara la concesión del citado préstamo de 53 millones de euros.

En Moncloa exponen que «esto lo ha revisado mucha gente durante muchos años» y recuerdan que el expediente del rescate incluso está en un sumario judicial. «No hay nada», aseguran, recordando el carácter público de ese expediente para que cualquiera que quiera pueda fiscalizarlo a conciencia.De este modo, en el Gobierno sostienen que los nuevos testimonios de Julito Martínez y los directivos de Plus Ultra que contradicen la versión de Zapatero «no cambian nada» y siguen aferrándose a la denostada figura del expresidente como una suerte de muro de contención.

Lo hacen, además, reconociendo que esta posición tiene un coste político evidente , porque si bien la situación es «difícil», no dudan en que «si tienen que elegir, creemos en su versión». «Es Zapatero y creemos en él», insisten, en un argumento carente de aparente racionalidad y que encierra, además, importantes contradicciones.

La principal, que en Moncloa no cuestionan el fondo de las pesquisas que han llevado a judicializar la causa.En el Ejecutivo necesitan que Zapatero no cambie su versión: si admite el lobby, deberá explicar qué teclas pulsóA diferencia de otros procesos en los que desde el Ejecutivo se ha defendido públicamente la inocencia de sus protagonistas —fiscal general del Estado, Begoña Gómez o David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno— en esta ocasión, las fuentes gubernamentales consultadas evitan deslizar que se trata de acusaciones infundadas.

De hecho, más allá de reivindicar la presunción de inocencia, en el Ejecutivo suelen rehusar pronunciarse sobre el contenido que se investiga, arguyendo que «se trata de un proceso muy incipiente» .

Además, también resulta sorprendente que las citadas fuentes reconozcan no tener más explicaciones del expresidente, de las que ya ha ofrecido en sede judicial, una argumentación que invite a sostenerle públicamente como se está haciendo.

Ni siquiera sobre el asunto más controvertido, el que tiene que ver con las joyas halladas en la caja fuerte de su despacho en Ferraz dicen contar con mayor información. «No se la hemos pedido», resuelven, pese a que el propio Sánchez presume de tener un contacto constante con Zapatero y trató de justificar la procedencia del ajuar como regalos en su etapa en Moncloa.

Tal como publicó este diario este silencio inquieta en Moncloa y ha disparado las alarmas en el PSOE que ya acusa el desgaste del caso a nivel electoral.

En el partido asumen que la caída del mito es «irreparable» y que de una imagen tan plástica como la del collar «cuajado de diamantes» con «dos esmeraldas de Zambia» es imposible volver.Esta derivada también pone de relieve otra importante contradicción para el Gobierno, porque mientras se defiende políticamente al expresidente, se le persigue judicialmente —a través de la Abogacía del Estado— en nombre de la Agencia Tributaria, como «potencial perjudicada» por los hechos investigados, que serían «constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública y de un delito de contrabando» si el ajuar, valorado en 1,3 millones de euros, y sobre el que todavía no se ha demostrado su procedencia, no tributó correctamente ante el fisco. ...