El Poder Judicial se divide sobre si archivar o no las quejas contra el juez Peinado por el caso de Begoña Gómez

Además de por la posible connivencia de los escoltas de la mujer de Sánchez en una hipotética huida de España, insinuada por Peinado en uno de sus autos, también están encima de la mesa del CGPJ otras quejas como la de Bolaños, a quien el juez quiso imputar en la causa, por el trato que le dio durante el interrogatorio que le realizó en la Moncloa
El juez Peinado acelera y da cinco días para presentar los escritos de acusación contra Begoña Gómez ante la decisión de la Audiencia Provincial

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se encuentra dividido sobre si debe archivar o no las quejas presentadas contra el juez Juan Carlos Peinado por sus polémicas insinuaciones sobre la Policía cuando decidió retirarle el pasaporte a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la que investiga por presunto tráfico de influencias. La Comisión Permanente del máximo órgano de gobierno de los jueces se ha reunido este martes para estudiar la propuesta del Promotor de la Acción Disciplinaria que pide archivar cinco diligencias informativas incoadas a raíz de quejas recibidas contra el titular de la plaza número 41 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid.

Además de la referida a la posible connivencia de los escoltas de la mujer de Sánchez en una hipotética huida de España, insinuada por Peinado en uno de sus autos, también están encima de la mesa del CGPJ otras quejas como la del ministro de Justicia y de la Presidencia, Félix Bolaños, a quien Peinado quiso imputar en la causa, por el trato que le dio durante el interrogatorio que le realizó en el Palacio de la Moncloa.

Pero según han comunicado desde el CGPJ, las “deliberaciones continuarán en los próximos días” porque la reunión ha concluido “sin alcanzar ningún acuerdo”. Los vocales conservadores apoyan la tesis del promotor de archivar las quejas, mientras los progresistas abogan porque se continúe investigando para promulgar alguna sanción. Por tanto, la última palabra podría estar en la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló.

Cuando Peinado envió a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos, fijó como medidas cautelares la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y una comparecencia quincenal en el juzgado. El magistrado puso por escrito en su auto que los agentes que se ocupan de las tareas de escolta de la pareja del presidente del Gobierno podrían “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos” colaborar “en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga”. Lo hizo en medio de su argumentación para imponer la retirada del pasaporte a la esposa del presidente como una medida cautelar para evitar que intente eludir la actuación de la Justicia en el mismo auto en el que propone la apertura de juicio oral contra ella.

Las quejas de los policías

A raíz de este auto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, elevó una queja ante la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, por el “grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” por parte del juez Peinado con estas palabras, algo que el titular de Interior considera “un hecho de máxima gravedad”. Para el Ministerio del Interior, las “sospechas injustificadas” de Peinado alcanzan no solo a los agentes concretos que tienen asignado el servicio de acompañamiento de la esposa del presidente del Gobierno, “sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales”.

A esta queja de Interior se sumó otra del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Otros sindicatos policiales, como Jupol o la Confederación Española de Policía (CEP), también criticaron a través de redes sociales las afirmaciones de Peinado calificándolas de “auténtica barbaridad”, “especialmente preocupante” o “una ofensa intolerable, escandalosa y miserable”.

A raíz de estas quejas, Perelló decidió incoar expediente disciplinario al magistrado por una posible infracción tipificada en el artículo 418.5 de la LOPJ, es decir, por un “exceso o abuso de autoridad o falta grave de consideración” respecto de, entre otros, instituciones, el resto del personal al servicio de la Administración de Justicia o funcionarios de la Policía Judicial. ...