La Generalitat pide al Tribunal de Cuentas aplicar la amnistía tras el aval del TJUE

El Govern ha presentado un escrito ante el Tribunal de Cuentas para solicitar la aplicación de la Ley de Amnistía y el levantamiento de las medidas cautelares en las causas pendientes relativas al 1-O y a la acción exterior de la Generalitat impulsada durante el 'procés'

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La Generalitat ha remitido un escrito al Tribunal de Cuentas en el que reclama la aplicación de la Ley de Amnistía y el levantamiento de las medidas cautelares en las causas todavía abiertas por el 1-O y por la acción exterior impulsada durante el 'procés'. En el documento, registrado este viernes, el Govern se presenta como entidad presuntamente perjudicada y muestra su conformidad con extinguir las responsabilidades contables ligadas al referéndum y a la proyección internacional del 'procés', al entender que, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado jueves, corresponde aplicar el olvido penal.

El Tribunal de Cuentas mantiene abierta una causa unificada sobre el uso de fondos públicos en la preparación, logística y ejecución del 1-O, así como sobre el dinero destinado entre 2011 y 2017 a promocionar internacionalmente el 'procés' a través de Diplocat y de la red de delegaciones del Govern en el exterior.

Más de 30 exaltos cargos de la Generalitat siguen a la espera de que el organismo se pronuncie, entre ellos los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y varios exconsellers que formaron parte del Govern en esos años.

Pese al pronunciamiento del TJUE, el Tribunal de Cuentas no ha aplicado todavía la amnistía: ha abierto en su lugar un trámite de alegaciones para que las partes implicadas aporten la documentación sobre el origen de los fondos empleados en los gastos del 1-O.

La Generalitat ha optado por presentar su escrito antes de que se abra formalmente el trámite de audiencia a las partes perjudicadas, amparándose en el “carácter preferente y urgente” que la ley de amnistía otorga a su propia aplicación, y en que la norma obliga a resolver los procedimientos prioritarios en un plazo máximo de dos meses. ...