El juicio a la excúpula catalana de Salud por retrasar la vacunación a policías llega a su final con la acusación desinflada

La exconsellera de Salud Alba Vergés niega que se pretendiera discriminar a los agentes y justifica el parón por los problemas de la vacuna de AstraZeneca y el cambio de directrices del Ministerio

La Audiencia de Barcelona retira el delito que podía implicar cárcel para los exconsellers de Salud por las vacunas a policías

El juicio a la excúpula de la conselleria de Salud por retrasar la vacunación contra el COVID-19 a policías nacionales y guardias civiles encara su recta final con la acusación desinflada. Ningún testigo ha señalado en el juicio que la exconsellera Alba Vergés o el resto de procesados pretendiera, a sabiendas, perjudicar la inmunización de los agentes. Los exaltos cargos han cerrado filas y han mantenido sus tesis exculpatorias en sus declaraciones de este viernes.

El presidente del tribunal, José Manuel del Amo, ha anunciado que el próximo lunes la Fiscalía y los sindicatos policiales que ejercen la acusación popular tendrán que concretar si mantienen sus conclusiones provisionales (el Ministerio Público pide hasta doce años de inhabilitación para Vergés y su sucesor, Josep Maria Argimon) o las modifican.

No es habitual que la Fiscalía rebaje sus pretensiones al final de un juicio, aunque existen precedentes de retirada de acusaciones por parte del Ministerio Público tras vistas orales muy favorables a las defensas. La del caso de las vacunas ha sido una de ellas.

El respaldo más relevante a las defensas provino de los mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil que coordinaron la vacunación de sus agentes en Catalunya, quienes destacado que su relación con la Generalitat fue correcta. Tampoco desde Delegación del Gobierno pusieron tacha alguna a la actuación de la conselleria.

Lo que se dirime en el juicio es si la pausa en el proceso de paralización de la vacunación a guardias civiles y policías (que también afectó a otros colectivos de funcionarios que no se han querellado contra el Govern) ocurrida en marzo de 2021 es un delito de prevaricación.

Los acusados lo han negado este viernes y han insistido en una misma tesis: la vacunación se paró por criterios técnicos decididos por el Consejo Interterritorial de Salud (donde participan el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas) después de que se detectaran casos de trombosis con un lote de vacunas de Astrazeneca.

Alba Vergés, consellera de Salut del Govern de la Generalitat durante la pandemia, ha explicado que, tras el parón, el Consejo decidió priorizar el criterio de edad al de los colectivos esenciales de funcionarios, aunque se buscó que fuera “compatible” con la inmunización de policías, bomberos o profesores.

Eso llevó a priorizar, según la exconsellera, el grupo de 55 a 65 años de edad. En una declaración de una hora, Vergés ha repasado todos los detalles del proceso de vacunación, que se organizó mediante un “documento vivo” que se iba actualizando a medida que se producían más vacunas.

La llegada de la vacuna producida por AstraZeneca en febrero del 2021 hizo actualizar, otra vez, los criterios de vacunación. Es ahí donde se diseñaron diversos grupos esenciales, como los profesores y maestros, los policías o los trabajadores del servicio de emergencias. Pero con una particularidad; en ese momento y debido a las órdenes del Ministerio, Astrazeneca solo se aplicaba a personas de entre 18 y 55 años, aunque la Agencia Europea del Medicamento no impuso ninguna restricción de edad.

“El ritmo de vacunación depenía de las dosis que teníamos. En ese momento, teníamos 100.000 para un grupo de 1 millón de personas”, ha explicado Vergés, que se ha llegado a emocionar en un momento de la declaración al recordar la pandemia. “Siempre quisimos vacunar a todo el mundo y los más rápido posible. No me olvidaré nunca”, ha apostillado.

El exsecretario general de Salud Marc Ramentol ha seguido la misma línea y ha incidido en que la Generalitat seguía las directrices del Ministerio. “Nuestro criterio no era de innovar”, ha zanjado.

Ambos acusados han quitado hierro a los mensajes que sirvieron para incriminar a Vergés y que mostraron algunas discrepancias con su entonces número dos, Josep Maria Argimon. Los acusados han llegado al juicio con las versiones acordados y han evitado el enfrentamiento al valorar que Argimon quiso continuar con la vacunación de policías que se paró porque toda la logística ya estaba preparada, pero no por divergencias políticas con Vergés.

Por su parte Adrià Comella, el que fuera el director del Servei Català de Salut, ha defendido la normalidad del proceso de vacunación. Y el exdirector de servicios de la conselleria, Xavier Rodríguez, ha contado que incluso uno de los sindicatos policiales pidió parar la vacunación debido a las dudas con AstraZeneca, tal y como también decidió el Ministerio. ...