Daniel Ortega confirma el cierre de la vía electoral en Nicaragua

Daniel Ortega llevaba años gobernando Nicaragua sin adversarios reales, instituciones independientes ni elecciones competitivas. Ahora decidió prescindir hasta de las apariencias: anunció que no volverá a permitir comicios en los que la oposición pueda disputarle el poder.

“Aquí no volverá a haber elecciones para que ellos intenten apoderarse del Gobierno y del poder”, declaró el gobernante durante la conmemoración del 47.º aniversario de la Revolución Sandinista, celebrada el domingo 19 de julio.

Ortega no explicó cómo ejecutará su decisión ni si impulsará otra reforma constitucional para cancelar las elecciones previstas para noviembre de 2027. Sin embargo, su declaración representa el reconocimiento más directo de que la continuidad de su Gobierno no dependerá de la voluntad expresada por los nicaragüenses en las urnas.

Si faltaba algún elemento para definirlo como dictador, el propio Ortega acaba de proporcionarlo.

De elecciones controladas a ninguna elección

Nicaragua conservaba formalmente la celebración de elecciones, aunque sin las condiciones necesarias para considerarlas libres.

Antes de los comicios de 2021, el Gobierno encarceló a siete aspirantes presidenciales y a numerosos dirigentes políticos. Otros opositores fueron inhabilitados, expulsados del país o despojados de la nacionalidad.

Ortega terminó compitiendo sin rivales capaces de amenazar su permanencia en el poder. Desde entonces, la represión política y el control institucional se han profundizado.

En febrero de 2025 entró en vigor una reforma de más de cien artículos de la Constitución. Los cambios colocaron los poderes Legislativo, Judicial y Electoral bajo la coordinación de la Presidencia y convirtieron a Rosario Murillo, esposa de Ortega, en copresidenta sin haber sido elegida para ese cargo.

Una nueva legislación electoral, aprobada en marzo de 2025, amplió las facultades para cancelar partidos y restringió todavía más la participación política.

Ortega no necesitaba eliminar formalmente las elecciones para ser considerado un dictador. La concentración del poder, la ausencia de contrapesos y la imposibilidad de alternancia ya colocaban a Nicaragua dentro de esa categoría. Su anuncio representa, en todo caso, la eliminación de uno de los últimos disfraces institucionales del régimen.
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Del guerrillero contra Somoza al poder familiar

Daniel Ortega nació en 1945 y se integró en 1963 al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la organización guerrillera de izquierda que combatió a la dictadura de Anastasio Somoza.

Fue encarcelado en 1967 por participar en el asalto a un banco y permaneció siete años en prisión. Tras su liberación, ascendió dentro del sandinismo y se convirtió en una figura central de la revolución que derrocó a Somoza en 1979.

Ortega integró la Junta de Gobierno, asumió su coordinación en 1981 y ganó las elecciones de 1984. En 1990 perdió frente a Violeta Barrios de Chamorro y entregó el poder.

Después de nuevas derrotas electorales en 1996 y 2001, pactó con el expresidente liberal Arnoldo Alemán una serie de cambios que redujeron el porcentaje necesario para ganar la Presidencia. Regresó al Gobierno en 2007 con el 38 % de los votos.

Desde entonces, utilizó decisiones judiciales y reformas constitucionales para eliminar los límites a la reelección, debilitar a la oposición y someter las instituciones estatales. El movimiento que surgió para combatir una dictadura terminó convertido en una estructura política subordinada a Ortega y su familia.

Rosario Murillo, mucho más que la esposa

El poder en Nicaragua no se entiende únicamente a partir de Ortega. Rosario Murillo es su principal operadora política, portavoz cotidiana y probable sucesora.

Murillo se vinculó al FSLN durante su juventud y comenzó su relación con Ortega en 1977, durante el período revolucionario. Con los años, la unión matrimonial se transformó también en una sociedad partidaria y gubernamental.

Ella dirige la comunicación oficial, supervisa el gabinete, transmite instrucciones a las instituciones y conserva una amplia influencia sobre las estructuras territoriales del FSLN. La familia también controla o mantiene influencia sobre numerosos medios de comunicación.

Murillo fue vicepresidenta desde 2017 y, con la reforma constitucional de 2025, pasó a compartir formalmente la Presidencia. El matrimonio quedó convertido jurídicamente en el centro del Estado nicaragüense.

Su ascenso también prepara la continuidad del régimen ante la edad y las condiciones de salud de Ortega, quien tiene 80 años.

Una dictadura sin disfraces

La represión de las protestas de 2018 dejó más de 300 muertos, según organismos internacionales. Expertos de las Naciones Unidas han documentado ejecuciones, torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones y persecución contra opositores, periodistas, religiosos y organizaciones civiles.

Medios de comunicación, universidades y miles de organizaciones no gubernamentales han sido cerrados o confiscados. Tampoco existen instituciones nacionales independientes con capacidad para investigar al Gobierno.

Por eso, el anuncio de que no habrá nuevas elecciones no convierte repentinamente a Ortega en dictador. Lo que hace es confirmar, con sus propias palabras, que nadie podrá disputarle el poder.

Ortega ayudó a derribar la dinastía de los Somoza. Casi cinco décadas después, encabeza junto con su esposa otra estructura autoritaria, personalista y familiar. ...