El Gobierno aplaza el Consejo de Política Fiscal para negociar la nueva financiación autonómica con las comunidades
Abordará la reforma del nuevo modelo el 4 de septiembre y el ministro de Hacienda, Arcadi España, confía en que, esta vez, las comunidades del PP "antepongan los intereses de la ciudadanía a los dictados de Génova"
Las comunidades del PP piden aplazar “por falta de información” la reunión de este miércoles con el Gobierno sobre financiación autonómica
El Gobierno ha decidido, finalmente, suspender la reunión de este miércoles del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que iba a tratarse el sistema de financiación autonómica. El Ministerio de Hacienda ha atendido la demanda de las comunidades autónomas del PP y ha decidido posponerlo al 4 de septiembre.
El Ejecutivo “nunca cerrará la puerta al diálogo y recoge la petición de las comunidades autónomas que han solicitado posponer el Consejo”, han explicado fuentes del Ministerio de Hacienda, que señala que “lleva meses ofreciendo vías de diálogo”. Sin ir más lejos, el pasado mes de junio les emplazó a mantener reuniones de carácter técnico para analizar con detalle la reforma del modelo de financiación.
“Por ello --destacan las mismas fuentes-- ”resulta sorprendente que ahora, justo después de que Canarias comunicara su voto favorable, algunas comunidades reclamen posponer un Consejo de Política Fiscal y Financiera que se anunció a principios de mes“.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, sostiene que el cambio de fecha refleja la buena voluntad del Gobierno y confía en que, esta vez, las comunidades del PP “antepongan los intereses de la ciudadanía a los dictados de Génova”.
Le bastaba al Ejecutivo sólo con el voto de Catalunya, al que este lunes se sumó Canarias: controla la mitad de los votos del organismo y solo necesitaba sumar uno más.
El Gobierno de Canarias, integrado por Coalición Canaria y el PP, anunció este lunes que respaldaría en el Consejo el nuevo modelo de financiación autonómica tras ver reconocidas sus singularidades con planteamientos “razonables que no perjudican a otras comunidades” y que le reportarán 1.300 millones más al año a sus servicios esenciales.
Para el presidente catalán, Salador Illa, el gesto de Canarias “es la prueba” de que es un buen modelo.
La reforma propuesta por el Gobierno permitirá que las comunidades autónomas dispongan de 20.975 millones adicionales para fortalecer el Estado de Bienestar y, por tanto, mejorar los servicios públicos que reciben los ciudadanos.
La propuesta, que Hacienda mandó en julio a las comunidades, no solo disgusta al PP. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho que su Ejecutivo no va a tolerar la propuesta lanzada por los independentistas con “agosticidad”, pues, a su juicio, “rompe con el principio de igualdad”.
“Hay que tener descaro para intentar, cuando todo el mundo está haciendo las maletas, los que puedan, porque realmente los que están con los incendios no pueden, aprobar casi una infame propuesta de financiación que rompe por completo y de raíz el principio de igualdad”, ha denunciado el titular del Ejecutivo castellanomanchego, según Europa Press.
El objetivo del Gobierno con el CPFF de este miércoles era llegar a que el nuevo modelo entre en vigor a 1 de enero de 2027, aunque los trámites parlamentarios y el resto de la burocracia que conlleva después probablemente lo lleve más allá de esa fecha.
La gran batalla se librará en el Congreso, que sí o sí ha de avalar la reforma y cada una de las leyes que efectúen la cesión de impuestos a cada una de las comunidades autónomas del régimen común. Y aquí Junts, cuyo concurso es necesario, ya ha avanzado que presentará una enmienda a la totalidad.
El texto de la nueva financiación autonómica, al que ha tenido acceso elDiario.es, diseña un modelo en el que prima la voluntariedad del sistema –las comunidades decidirán no solo si se adhieren al nuevo formato, sino si participan de algunos de los mecanismos puestos en marcha– y que busca cumplir el “compromiso político de proporcionar mayores recursos” a los Gobiernos regionales. En concreto, cerca de 21.000 millones, de acuerdo con los cálculos del Ministerio de Hacienda.
Estos recursos adicionales para las comunidades autónomas se traducen en una mayor cesión de impuestos tan relevantes como el IRPF o el IVA; la incorporación oficial al modelo de algunos tributos que ya estaban cedidos (como el de la banca); dos fondos de redistribución horizontal (entre comunidades) y vertical (desde el Estado); así como de fondos creados específicamente para hacer frente a las singularidades territoriales o competenciales, como uno para las regiones más expuestas al cambio climático u otro que recoge el IVA de las pymes en el territorio. ...
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