El "nuevo NODO" o "TeleClavijo": el Parlamento aprueba la ley de RTVC con el rechazo de la oposición

PSOE, NC y Vox critican que se elimine el poder del Parlamento y se le otorgue al Gobierno de turno para designar al director y a los miembros de la Junta General, y se concentre el poder en una sola persona, silenciando en los informativos y programas a las voces críticas con el Ejecutivo regional
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El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles, con los votos a favor de los grupos del Gobierno y sus socios -CC, PP, ASG y AHI- y el rechazo de la oposición -PSOE, NC-bc y Vox- la nueva ley audiovisual del archipiélago.

El nuevo texto, que sustituye al aprobado en 2014, impide la externalización de los servicios informativos e introduce que tanto la Junta de Control como el administrador general puedan ser elegidos en la Cámara por mayoría absoluta en segunda vuelta, lo que, según la oposición, debilita la obligatoriedad del consenso parlamentario.

La portavoz adjunta de Vox, Paula Jover, ha comentado que su grupo no apoya la nueva ley porque “no es mejor” que la de 2014 ya que “compromete y contamina” el servicio audiovisual pues no se reconoce la diversidad y se “prioriza” el nacionalismo, el africanismo, las agendas globales, la ideología de género o el movimiento LGTBI.

Ha comentado que la ley presenta “taras” y “debilita” el control parlamentario, al tiempo que ha recordado que el nuevo administrador general, César Toledo, es “cercano” al Gobierno y que se abra la puerta al cobro de los miembros de la Junta de Control.

Ha dicho que la estructura de la comunicación en Canarias se vuelve “más cara y más compleja”, ha incidido en que “se ocultan las voces que no interesan” al Gobierno, hasta el punto de que “lo público está controlado por lo político”.

“El Gobierno será el principal guionista de la programación y los informativos de un nuevo NODO, no ya en blanco y negro, sino en alta definición y con plataforma OTT”, ha agregado.

Carmen Hernández (NC-bc) ha dicho que este miércoles se inaugura la “TeleClavijo” ya que “se elimina el poder del Parlamento y se cargan los contrapesos”, tal y como ha reconocido el Consejo Consultivo, subrayando que “concentran el poder en una sola persona”.

“Quieren una radiotelevisión con menos control y con más obediencia”, ha explicado, apuntando que se “fortalece el control” del Gobierno sobre el ente, poniendo como ejemplo la “desaparición” del Consejo de Informativos. “Confunden gobernar con controlar”, ha destacado.

La diputada canarista sí ha valorado que la nueva ley “protege más” a los trabajadores de una posible privatización gracias a su “lucha diaria en la calle” y en las redes sociales.

Un “comisario político” al frente del ente público

Nira Fierro, presidenta del Grupo Socialista, ha indicado que una nueva ley de RTVC era “necesaria” pero no esta, porque aunque “sale mejor” en cuanto a derechos laborales, supone un “retroceso” en el control parlamentario al vaciar de contenido la Junta de Control y sin obligatoriedad de aprobar un Mandato Marco.

Ha comentado que el ente vive un “ambiente irrespirable” de trabajo, con un “comisario político encargado de autorizar las emisiones informativas de todas las franjas horarias, hasta el veto de determinadas informaciones”, aparte de ceses y dimisiones.

Además ha reconocido “con gratitud y admiración” la lucha de los trabajadores de RTVC, que “silenciados y vetados” fueron capaces de sostener su demanda para garantizar el carácter público de los servicios informativos.

Fierro ha afeado al PP su escasa participación en el diseño de la nueva ley e ironizado con que un solo diputado -Raúl Acosta- “ha hecho más” que los 15 del PP. “Cero influencia, cero presión, ustedes han renunciado a cualquier opción que tuviera que ver con contradecir en algo a Coalición Canaria”, ha ssentenciado.

Los grupos del Gobierno aplauden la ley

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha indicado que la ley es “mejor” que la que entró en la Cámara porque se han “superado las diferencias” entre grupos, indicando que RTVC es la herramienta “más potente para construir país entre ocho islas, con realidades muy diferentes, pero que forman parte de un mismo proyecto colectivo”.

Igualmente ha resaltado que se incorporen nuevos aspectos como la apuesta por los contenidos digitales, la alfabetización mediática, la lucha contra la desinformación o la protección de la independencia editorial y profesional.

Melodie Mendoza (ASG) ha apuntado que Canarias necesitaba un marco jurídico “moderno, estable y adaptado a la realidad actual del servicio público de comunicación audiovisual”.

Ha señalado que RTVC contribuye a la cohesión del archipiélago y a acercar realidades distintas y ha defendido que la nueva norma evita el “bloqueo” institucional y crea un comité profesional que ofrecerá “mayores garantías” a los trabajadores y contribuirá a reforzar la “independencia y credibilidad” de los servicios informativos.

Carlos Ester (PP) ha afeado al Pacto de las Flores el “bloqueo” que, según él, promovió en la pasada legislatura, ha negado el papel de “comparsa” de su grupo porque hay “unidad” en el Gobierno y resaltado el “ridículo estrepitoso” de la división de voto del antiguo cuatripartito.

Ha comentado que se ha sacado una “buena ley” porque la de 2014 “fracasó” al tiempo que ha reivindicado que sí hay “control” del Parlamento con la elección del administrador general y la Junta de Control -si bien en segunda vuelta no hacen falta tres quintos sino mayoría absoluta-, con lo que, de facto, ya no es necesario el consenso.

Ester ha incidido también en la mejora de la seguridad y los derechos de los trabajadores y confía en tener el “mejor” servicio audiovisual posible para las islas.

Vidina Espino (CC) ha comentado que la nueva ley permitirá que la Televisión Canaria “no vuelve a quedar bloqueada” como ha sucedido en la última década, manteniendo que sigue el control del Parlamento con la Junta de Control y la elección del administrador general.

Ha señalado que se garantizan 1.600 horas anuales de informativos elaborados por personal propio y se impide la externalización, ha defendido el comité profesional y un código deontológico, al tiempo que ha señalado que el administrador general tiene “menos poder” que el antiguo administrador único. ...