La Justicia ordena registrar a nombre del Estado el Pazo de Meirás tras dejar de ser propiedad de la familia Franco
ONP 요약
El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ordenó que el Registro de la Propiedad inscriba el Pazo de Meirás a nombre del Estado español. La medida elimina la titularidad de la familia Franco sobre la propiedad, que era residencia de verano del dictador Francisco Franco.
진보 성향:Restitución histórica — El evento se ve como un paso para devolver la propiedad a la nación y eliminar la herencia franquista.
보수 성향:Resolución legal — Se interpreta como una victoria del Estado sobre la familia Franco y la aplicación de la ley.
El inmueble figurará en el registro a nombre del Estado y no de los herederos del dictador como ocurría hasta el momento
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El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha dado la orden para que el Registro de la Propiedad de Betanzos inscriba el Pazo y Torres de Meirás, ubicado en el municipio coruñés de Sada, a nombre del Estado español. Así lo recoge un auto al que ha tenido acceso Europa Press y que toma esta decisión en base a las actuaciones practicadas por la Abogacía del Estado después de que el Tribunal Supremo confirmase que el inmueble era de titularidad estatal y no de la familia Franco.
De esta forma, en el registro figurará a nombre del Estado y no de los herederos del dictador como ocurría hasta el momento. El auto, contra el que cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días desde su notificación, ordena la cancelación de las inscripciones registrales contradictorias del dominio. Esta decisión se produce después de que el Tribunal Supremo confirmase que el Pazo de Meirás pertenece al Estado al concluir que desde 1938 estuvo destinado al servicio de la Jefatura del Estado, desestimando los recursos que interpusieron los hermanos Martínez-Bordiú Franco.
Así lo comunicó la Sala de lo Civil del TS en una sentencia en la que señaló --por unanimidad-- que sus moradores no pudieron poseer la finca en concepto de dueños, como mínimo hasta la década de los 90, en que dejó de prestarse todo tipo de servicio por la administración, no habiendo transcurrido el plazo legal de 30 años para poder adquirir la propiedad. ...
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