La Audiencia Nacional revoca dos terceros grados a los miembros de ETA Olarra Guridi y Celarain

El juez Castro pide al Gobierno vasco que dé tiempo a analizar la flexibilización del segundo grado antes del salto a la libertad, aunque concede que hay avances, incluida una carta del segundo reconociendo el "dolor" de las familias de sus tres víctimas
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El juez de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional), José Luis Castro, ha revocado la concesión por parte de las Prisiones vascas, gestionadas por el Gobierno autonómico, de la semilibertad a los presos de ETA Juan Antonio Olarra Guridi y Oskar Zelarain. En ambos casos, las resoluciones del 16 de julio atienden los recursos de la Fiscalía y estiman que es prematuro un salto a tercer grado cuando aún no se han comprobado los efectos de la flexibilización del segundo grado en aplicación del ya popular artículo 100.2 del reglamento penitenciario.

El Gobierno vasco, que ahora no hace comentarios y que siempre se ha escudado en que opera dentro de la legalidad penitenciaria, concedió a Olarra Guridi el tercer grado en mayo. Está condenado por delitos de “asesinato, homicidio y estragos” y su condena efectiva no expira hasta 2036. Según la asociación de víctimas Covite, este exjefe de ETA acumulaba una pena de 2007 a 1.253 años por un atentado con seis militares fallecidos en Madrid y otra de 1.000 años por una explosión con 95 heridos.

La resolución judicial concede que “se observa una evolución positiva del penado”, aunque “no resulta por sí sola suficiente” en casos de “delitos de terrorismo de extrema gravedad”. El juez Castro pide que se “consoliden” en los “factores positivos” que se aprecian con los permisos del 100.2 antes de concederle la progresión de grado hacia la semilibertad.

En el caso de Oskar Celarain, el acuerdo del tercer grado ahora revocado es de junio. Acumula siete penas diferentes de prisión que alcanzan los 964 años y tres meses, 30 de cumplimiento efectivo. Asesinó al concejal de UPN en Leitza José Javier Múgica, y en Santa Pola, a la niña de seis años Silvia Martínez y al jubilado Cecilio Gallego en el contexto de un atentado contra la Guardia Civil. Está condenado también por 51 intentos de asesinato adicionales por estos mismos hechos.

La fecha de licenciamiento prevista es 2032. Sobre él pesan responsabilidades civiles que suman 13,6 millones de euros. Empezó a afrontarlas en 2024, a razón de 40 euros mensuales, 960 en el momento de la concesión de la semilibertad. Las Prisiones vascas consideraron que ha hecho una “asunción correcta de la normativa institucional” y un “buen uso” de los permisos que ya ha tenido. Dispone de una oferta laboral en Hernani e incluso ha escrito una carta asumiendo su responsabilidad. La misiva es de 2022.

Óscar Celarain

“He tenido mucho tiempo para reflexionar sobre mi actividad en ETA y he llegado a la conclusión de que la violencia no tuvo que producirse en ningún caso”, relata en castellano y a mano, citando por su nombre a las tres víctimas acreditadas. “Tengo que asumir personalmente la responsabilidad de estas pérdidas. Siento y lamento lo ocurrido y, en este sentido, quiero expresar todo mi respeto y comprensión para con el dolor de los familiares de las víctimas. Quiero mostrar aquí mi compromiso para dar los pasos necesarios en el sentido de mitigar el daño ocasionado y avanzar en la convivencia”, agrega. El preso ha mantenido también “interacción directa” con víctimas de ETA dentro de los programas de justicia restaurativa.

La Fiscalía recurrió al entender que no se había acreditado la eficacia de la flexibilización del segundo grado. En un período de “tres o cuatro meses” no es posible ver la “evolución” del penado y ha de imperar un criterio de “prudencia” por la gravedad de sus delitos. ...