El Gobierno indulta parcialmente a Laura Borràs, ex presidenta del Parlament
El Gobierno ha concedido este martes un indulto parcial a la expresidenta del Parlamento de Cataluña Laura Borràs (Junts) y ha conmutado su condena de cuatro años, seis meses y un día de prisión por otra de dos años.
La decisión sigue el criterio planteado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que consideró «desproporcionada y excesiva» la pena privativa de libertad, pero no altera la multa ni las penas de inhabilitación derivadas de la contratación irregular de un conocido cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC).El Consejo de Ministros ha aprobado la medida de gracia dentro de un paquete de cinco indultos, según ha informado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en una nota de prensa esta tarde.
El perdón concedido a Borràs, que ha defendido que su condena se enmarca en el 'lawfare', afecta exclusivamente a la cárcel y deja intacto el resto de la condena confirmada por el Tribunal Supremo: una multa de alrededor de 36.000 euros y dos penas de inhabilitación que suman 13 años.En concreto, la sentencia -en firme desde febrero de 2025 tras la resolución del Supremo- impuso nueve años de inhabilitación especial por el delito de prevaricación administrativa y otros cuatro años y un día vinculados a los delitos de falsedad.
La rebaja hasta los dos años coincide con el límite que había propuesto el propio tribunal sentenciador, que formalizó la petición al Ejecutivo después de que la condena fuera firme y suspendió, mientras tanto, el ingreso en prisión de la dirigente de Junts.El indulto no supone, sin embargo, la revisión de los hechos probados ni borra la condena.
Tampoco permite a Borràs recuperar los cargos públicos para los que está inhabilitada.
De hecho, desde octubre Junts la reubicó como directora académica de la fundación del partido, Fundem la República, tras dejar la presidencia de la cámara autonómica y la presidencia del partido, en octubre de 2024, para dar paso, nuevamente, a Carles Puigdemont.La causa judicial, cuyo efecto ha quedado ahora parcialmente indultado, se remonta a la etapa en la que Borràs dirigió la Institución de las Letras Catalanas, entre 2013 y 2018.
El TSJC, primero, y el Supremo, posteriormente, consideraron probado que adjudicó a un conocido la creación, el desarrollo y el mantenimiento de un portal de internet mediante 18 contratos menores que alcanzaron un importe conjunto de 335.700 euros.Borràs encargó previamente los trabajos y, después de que los funcionarios le advirtieran del procedimiento de contratación que debía seguir, articuló una tramitación destinada a aparentar la concurrencia exigida por la normativa.
Los contratos fueron fraccionados y se presentaron distintas ofertas para facilitar que los trabajos ya encomendados fueran adjudicados al mismo proveedor.La Justicia probó que adjudicó a un conocido un portal de internet mediante 18 contratos menores que sumaban 335.700 eurosEl Supremo confirmó por unanimidad la condena por prevaricación administrativa, falsedad continuada en documento oficial e inducción a la falsedad continuada en documento mercantil.
La Sala Segunda sostuvo que la actuación se situaba dentro de la corrupción vinculada al ejercicio de una función pública y subrayó el daño causado a los principios de legalidad, transparencia e igualdad que deben regir la contratación administrativa.Los magistrados rechazaron, también, el argumento de Borràs de que la condena resultaba desproporcionada.
El Supremo diferenció entre la pena que correspondía imponer conforme al Código Penal, que consideró ajustada a la gravedad de los delitos, y la posibilidad de que el Gobierno atendiera posteriormente la propuesta de indulto formulada por el TSJC.En cualquier caso, la ex presidenta del Parlament intentó que los hechos quedaran cubiertos por la ley de Amnistía, aprobada en junio de 2024.
Invocó su perfil independentista y sostuvo que su gestión al frente de la ILC se desarrolló dentro de un Govern catalán implicado en el proceso secesionista ilegal.
Un intento de defenderse en base a un suepuesto 'lawfare' que, sin embargo, el movimiento independentista rechazó.
ERC y la CUP, principalmente.La concesión del indulto se produce con el informe contrario de la Fiscalía Superior de CataluñaEl Supremo rechazó esta pretensión al concluir que el fraccionamiento de los contratos no tenía relación con la preparación, promoción o ejecución del 'procés' ilegal que Artur Mas, primero, y Puigdemont, después, lideraron.
La conducta enjuiciada consistió en eludir la legislación administrativa para favorecer una adjudicación directa, con independencia de las ideas políticas de la condenada.
Aplicar la amnistía únicamente por su condición de dirigente independentista habría supuesto, añadió la Sala, atender a quién era la autora y no a los actos cometidos.La concesión del indulto se produce, además, con al informe contrario de la Fiscalía Superior de Cataluña.
El Ministerio Público se opuso en 2025 tanto al perdón total como al parcial al considerar que Borràs no había reconocido su responsabilidad ni mostrado arrepentimiento y que continuaba atribuyendo el procedimiento a una persecución política por su independentismo.
El Gobierno, por lo tanto, no ha tomado en consideración la opinión del Fiscalía.Otros cuatro indultosJunto al de Borràs, el Consejo de Ministros ha concedido un indulto parcial al artista y gestor cultural Natalio Grueso, condenado a ocho años de prisión, ocho de inhabilitación y multa.
El Ejecutivo perdona la pena de cárcel pendiente por razones humanitarias relacionadas con su estado de salud, pero mantiene las restantes.También se reduce de tres a dos años la pena de prisión impuesta al exalcalde de Linares Juan Fernández Gutiérrez, sin modificar sus siete años de inhabilitación.
La solicitud contaba, según el Ministerio, con el informe favorable del tribunal sentenciador y con el respaldo de los grupos municipales del PP y del PSOE, del Ayuntamiento y de una asociación vecinal.Los dos últimos indultos afectan a dos ciudadanos condenados por delitos contra la salud pública.
Sus penas de tres años y de cuatro años y medio de cárcel serán sustituidas por sendas condenas de dos años.
En ambos casos existían informes favorables de los tribunales sentenciadores y de la Fiscalía. ...
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