Sánchez se aferra a los incendios para cerrar un curso sin mayoría política

Cambio de tercio.

El Gobierno había diseñado un cierre del curso orientado a proyectar proactividad ejecutiva y ubicar el debate en el terreno de la política para alejarlo de la arena judicial.

A finales de junio, la portavoz Elma Saiz anunció que el Consejo de Ministros iba a aprobar un «importante paquete de medidas en materia de vivienda», articulado para que «pueda lograr un gran acuerdo en el Congreso».

Sobre la mesa, medidas como la prórroga de los alquileres y la regulación de los pisos de temporada y por habitaciones, así como incentivos fiscales. «Será un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados», dijo la también ministra de Inclusión y Seguridad Social.

Un mes después, el globo se ha deshinchado por los vetos cruzados que se profesan los integrantes de la mayoría de investidura.La gran asignatura pendiente del Gobierno progresista, la emergencia habitacional, quedará para la reválida de septiembre.

Un nuevo suspenso.

Según confirmaron fuentes gubernamentales, el texto que estaba previsto aprobar este martes se retrasará hasta después del verano para culminar el acuerdo.

Una nueva dosis de recuerdo de la debilidad del Ejecutivo justo antes de alcanzar el oasis estival.

No es la única con la que la Moncloa se va de vacaciones.

En las dos sesiones parlamentarias que cerraron el mes de julio, Hacienda registró una doble derrota con la senda de estabilidad que anticipa la dificultad para alumbrar unos futuros presupuestos cuando se reactive el periodo de sesiones.

La falacia de la mayoría progresista vuelve a quedar en evidencia por la incompatibilidad de los aliados que integran esa aritmética y que no solo son rivales en las urnas, sino también perfiles antagónicos en lo ideológico.El decreto frustrado en vivienda ha obligado a la Moncloa a recalcular la estrategia para la última reunión del Gabinete antes de las vacaciones.

Una cita tras la que comparecerá el presidente del Gobierno para poner el broche con su habitual balance 'Cumpliendo' sobre el nivel de culminación de los compromisos de la legislatura.

Ante el revés infligido por sus socios, Sánchez ha optado por aferrarse a la emergencia climática como vía de escape y reorientar así la agenda política hacia las medidas para paliar esta situación en plena oleada de incendios en España.

De este modo, está previsto que el Consejo de Ministros de este martes apruebe un real decreto para declarar como zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil los territorios asolados por el fuego —Madrid, Ávila y Toledo— que han obligado al desalojo de cientos de miles de personas.

Así lo confirmó el propio presidente el pasado domingo tras visitar el Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga (Ávila).En paralelo, también está previsto un real decreto ley destinado a ampliar la protección de los trabajadores y las empresas afectados por los incendios forestales.

En concreto, se incluirá una prestación extraordinaria y temporal diseñada para cubrir situaciones que hasta ahora carecían de cobertura legal, tales como la inactividad de aquellos empleados que han sido evacuados, han perdido su vivienda o permanecen desplazados como consecuencia de estos siniestros, aunque su empresa no se haya visto directamente perjudicada.

Según fuentes del ministerio, la principal novedad de este mecanismo radica en que el Estado plantea asumir el coste de la inactividad laboral de los trabajadores afectados, incluyendo tanto el salario como las cotizaciones a la Seguridad Social, si bien el diseño definitivo de la prestación está perfilándose.

El texto también prevé incorporar una ampliación de los permisos laborales por el fallecimiento de familiares en el contexto de estas catástrofes.El Gobierno utiliza los incendios para confrontar su modelo climático con el PP y retratarle en el negacionismo de VoxEn el Ejecutivo han optado por rentabilizar la coyuntura porque consideran que el debate de la emergencia climática le es propicio.

Cada portavoz gubernamental que interviene en los últimos días —ya sea el propio Sánchez o sus ministros— se ocupa de trufar todas sus declaraciones públicas de llamadas al PP a firmar el pacto de Estado en esta materia que se propuso el pasado mes de septiembre.

Sánchez decidió abrir el curso con una propuesta que no ha tenido ningún eco en la oposición.

De este modo, desde el Gobierno aprovechan para reivindicar sus recetas —15 ejes entre los que destacan actuaciones sobre alertas y emergencias, prevención y extinción de incendios, prevención y gestión del riesgo de inundaciones y refuerzo del conocimiento científico sobre el clima— y confrontar modelos con el PP: dejar en evidencia su negativa a firmar cualquier acuerdo y tratar de retratarle con el negacionismo climático de Vox.«El PP se negó a sentarse a negociar el pacto de Estado y a participar en la Convención de Ponferrada, mientras desde el Gobierno no hemos perdido un minuto y hemos seguido avanzando en los ejes del pacto dentro de nuestro ámbito de competencias», señalan fuentes gubernamentales.

Cuando el fuego todavía no se ha apagado y se presume de coordinación institucional entre administraciones, el argumentario ha comenzado a circular en dos vertientes.

Por un lado, tratar de instalar la percepción de que «el cambio climático mata» —frase repetida hasta la saciedad estos días— y que la «emergencia climática debe ser la verdadera prioridad nacional», como recado a los términos rubricados por populares y Vox en sus autonomías.

El PSOE reivindica la inyección de recursos del Gobierno a las autonomías del PP: «En lugar de llorar, hay que administrar»Esta cuestión, además, permite al Ejecutivo volver a visualizar las distorsiones del reparto competencial entre Estado y comunidades autónomas.

Algo que no suele calar en la opinión pública y que en el Ejecutivo consideran que les perjudica, porque el ciudadano no percibe a quién corresponde realmente la responsabilidad de que funcionen correctamente los servicios públicos.

No es la primera vez que la Moncloa se reivindica como una administración que riega de recursos a las autonomías, mientras ellas —en su mayoría gobernadas por el PP— aplican un sistema de recortes y exenciones fiscales, y no permiten que esa inversión revierta en mejorar las prestaciones sociales de sus gobernados.Quien visualizó más explícitamente este mensaje fue la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, que, en rueda de prensa después de la última Ejecutiva antes de las vacaciones, se revolvió contra las críticas al Gobierno por falta de inversión en la lucha contra los incendios.

En el contexto de unas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso visiblemente emocionada este fin de semana por los incendios de Madrid, la dirigente socialista pedía ser consecuente con el reparto competencial. «En lugar de llorar, hay que saber administrar», dijo, subrayando que «cada uno elige donde se invierte el dinero». ...