Illa se persona en el Tribunal de Cuentas y le pide que aplique la amnistía sin más demora

La Generalitat de Cataluña ha solicitado al Tribunal de Cuentas que aplique la ley de Amnistía tal y como la defienden los líderes del 'procés', tras conocer la posición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al respecto, y levante las medidas cautelares del procedimiento por el referéndum ilegal del 1-O de 2017 y el gasto público vinculado a la acción exterior para preparar el intento de secesión catalana que se eleva a varios millones de euros.Según ha informado el Govern de Salvador Illa, la Generalitat ha presentado hoy un escrito ante el Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas (TCu) en el que solicita «la aplicación de la Ley Orgánica de Amnistía al procedimiento del 1-O y relativo a la acción exterior objeto de enjuiciamiento y el consiguiente levantamiento de las medidas cautelares actualmente vigentes».

Este movimiento se produce dentro del plazo de alegaciones a las partes esteblecido por el TCu.Esta petición, en sintonía con la Fiscalía, trata de evitar que los líderes del 'procés' devuelvan a las arcas públicas el dinero desviado para una acción ilegal, que con la amnistía queda borrada de un expediente judicial.

Aunque la administración autonómica no recupere el dinero.

Es, precisamente, ante esta situación por la que la Generalitat se posiciona en el TCu en tanto que «entidad del sector público presuntamente perjudicada» y de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.3 de la Ley Orgánica de Amnistía.«La presentación de este escrito se realiza de forma anticipada, sin esperar al eventual trámite de audiencia que pudiera conferir el propio Tribunal de Cuentas, en atención al carácter preferente y urgente que la Ley Orgánica de Amnistía atribuye a su aplicación», ha señalado el Govern en una nota de prensa, que no ha facilitado el escrito registrado.Illa, que defendió en la campaña electoral de 2023 que no habría amnistía «ni nada de eso» y que ahora la defiende como si fuera una iniciativa propia, considera que, dado que la norma establece la obligación de tramitar estos procedimientos con carácter prioritario y prevé su resolución en un plazo máximo de dos meses, «resulta procedente poner desde este momento a disposición del Tribunal la posición institucional que le corresponde expresar como entidad del sector público presuntamente perjudicada».En el escrito presentado, el ejecutivo regional manifiesta su conformidad expresa a «la extinción de las responsabilidades contables derivadas de los hechos examinados, al considerar que, a la luz de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional, procede la aplicación de la Ley Orgánica de Amnistía y la correspondiente resolución absolutoria».Illa considera que de esta manera se contribuye «al cierre definitivo de un procedimiento que se encuentra entre las últimas derivadas contables aún pendientes vinculadas al 'procés'»En este sentido, Illa considera que «las instituciones públicas deben actuar con plena coherencia con el marco legal vigente y con las decisiones de los tribunales europeos y constitucionales, contribuyendo a garantizar la máxima seguridad jurídica y la efectiva aplicación de las leyes» y, por lo tanto, solicita al TCu «que resuelva sobre la aplicación de la amnistía dentro del plazo legalmente previsto y que acuerde el levantamiento de las medidas cautelares adoptadas en el procedimiento».Por último, desde el Govern se ha indicado que su «voluntad» de ejercer las facultades que le reconoce expresamente la ley van en la línea de «contribuir al cierre definitivo de un procedimiento que se encuentra entre las últimas derivadas contables aún pendientes vinculadas al 'procés'». ...