Proteger la vida y acompañar a la mujer, la verdadera causal

El debate sobre las tres causales vuelve a ocupar espacio en la discusión pública. En medio de posiciones enfrentadas, conviene recordar algo esencial: proteger la vida desde la concepción no es solo una convicción de fe. Es también una posición constitucional, jurídica y profundamente humana.

El artículo 37 de la Constitución es inequívoco: “El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte”, lo que impone proteger precisamente a quien no puede hablar, defenderse ni escapar. Esta obligación tampoco está aislada: la Constitución declara sagrada e inviolable la dignidad humana y atribuye a los poderes públicos la responsabilidad esencial de protegerla.

Un caso emblemático para este debate es el de Gianna Jessen, quien sobrevivió a un aborto salino y vive con parálisis cerebral. Su historia obliga a formular una pregunta esencial: ¿qué valor tenía su vida minutos antes de nacer que no tuviera minutos después? A ello se suman los testimonios de personas que trabajaron durante años en clínicas abortistas y luego cambiaron radicalmente de posición al presenciar prácticas que consideraron deshumanizantes para la mujer y para la criatura por nacer. Abby Johnson, antigua directora de una clínica de Planned Parenthood, es uno de esos casos.

Tampoco pueden ignorarse procesos judiciales como el del médico Kermit Gosnell, condenado por asesinar a bebés nacidos vivos, provocar la muerte de una paciente y realizar abortos tardíos ilegales en condiciones deplorables. No se trató de una abstracción ideológica, sino de vidas humanas sometidas a prácticas incompatibles con la medicina, la dignidad y la compasión.

La violación es una tragedia grave y atroz. El deber del Estado es prevenirla, proteger integralmente a la mujer, facilitar la denuncia y castigar al agresor con todo el peso de la ley. Pero el hijo concebido tampoco es culpable del crimen cometido. La violencia nunca puede repararse trasladándola hacia una vida inocente.

Las cifras también merecen honestidad. La experiencia comparada es clara: países como España, Colombia, Argentina y Portugal pasaron de causales restringidas al aborto por decisión de la mujer. Las excepciones no siempre permanecen excepcionales.

La Organización Mundial de la Salud estima aproximadamente 73 millones de abortos inducidos cada año. En Estados Unidos se estimaron alrededor de 1.14 millones durante 2024, una de las cifras más elevadas de los últimos años. Los estudios disponibles muestran que las razones más frecuentemente declaradas están relacionadas con dificultades económicas, el momento de la vida, problemas de pareja, responsabilidades familiares o no sentirse preparada para criar.

Los casos atribuidos específicamente a violación o incesto representan una proporción comparativamente muy reducida. Esta cifra realmente estremece: por cada año nacen alrededor de 133 millones de niños, mientras otros 73 millones son abortados. En términos aproximados, por cada dos niños que nacen, otro pierde la vida antes de ver la luz.

Esta cifra no disminuye la gravedad de una violación, pero sí obliga a evitar que los casos más extremos sean utilizados para alterar el principio de protección a la vida. La pregunta de fondo permanece: ¿Cuándo comienza a valer una vida? Si un niño nace con síndrome de Down, parálisis cerebral o cualquier otra condición, ¿vale menos? Si un adulto sufre un accidente, entra en coma, pierde movilidad o disminuyen sus capacidades cognitivas, ¿deja de ser humano? Evidentemente, la respuesta siempre será un rotundo “NO”.

Cada vida puede traer consigo desafíos y sufrimientos. Toda rosa tiene sus espinas. Una sociedad verdaderamente justa no elige cuál de las dos vidas merece protección. El verdadero progreso consiste en construir una sociedad capaz de proteger a todos, especialmente a los más vulnerables.

Iis qui nasci non potuerunt.

A quienes no pudieron nacer. ...