Los neurólogos piden a Sanidad que no se niegue a financiar los fármacos para el alzhéimer precoz

Lecanemab y donanemab son dos fármacos dirigidos contra el alzhéimer precoz que llegaron con fuerza tras 20 años sin novedades en este campo terapéutico.

EE.UU. los aprobó entre 2023 y 2024, pero a Europa, que tiende a un enfoque más conservador y exigente en la aprobación de nuevos medicamentos, le costó un poco más.

Hasta el año pasado no dio su visto bueno .

Y ahora, en España, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos ha decidido no incluirlos en la financiación pública.Ambos pertenecen a una clase de fármacos llamados anti-amiloides, que tienen como objetivo reducir las placas de amiloide que se acumulan en el cerebro y que pueden producir deterioro cognitivo y funcional que se relacionan con la enfermedad de Alzheimer.

Hasta ahora solo se contaba con fármacos dirigidos a los síntomas, pero la nueva generación de medicamentos tiene como objetivo atacar al origen de la enfermedad en estados iniciales para enlentecer su progresión.

A pesar de esta promesa, lecanemab y donanemab generaron controversia porque los beneficios clínicos no parecían tan significativos en algunos casos y porque en determinados pacientes conllevaba riesgos de edema cerebral y hemorragias.

Eran casos leves que se resolvían por sí solos, pero esos efectos secundarios podían tener consecuencias fatales.

Hoy se sabe que el riesgo de hemorragia cerebral está relacionado con la toma, al mismo tiempo, de anticoagulantes, un tratamiento habitual en personas de edad.Tras la aprobación de estos dos fármacos por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), el siguiente paso era su posible financiación por parte de los estados miembro.

Y con esto ha surgido una nueva polémica entre Lilly, laboratorio que comercializa donanemab, y el Ministerio de Sanidad, tras su decisión el pasado 15 de julio de no financiar Kisunla (donanemab).Lilly y Sanidad, enfrentados por el precioEn un movimiento sin precedentes, Julio Gay-Ger, presidente y director general de Lilly España, Portugal y Grecia, publicó este jueves una carta abierta mostrando su «tristeza» por esta decisión.

Ante la «sorpresa» y «desilusión» que ha causado en la compañía farmacéutica, Gay-Ger asegura que mientras se sigue trabajando por la financiación pública, donanemab estará disponible en España a través del ámbito sanitario privado para los pacientes que, tras la valoración de su especialista, cumplan los criterios clínicos establecidos. «Cuando existe una opción terapéutica autorizada para una enfermedad tan devastadora, no podemos retrasar más su disponibilidad», ha afirmado.Solo en España, el alzhéimer afecta a unas 800.000 personas y cada año se realizan unos 40.000 nuevos diagnósticos.

En un 90%, en personas mayores de 65 años, ya que es una patología muy ligada al envejecimiento.

Se estima, además, que más del 50% de los casos que son leves están aún sin diagnosticar.Por alusiones, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha contestado este viernes a través de su cuenta de X, donde califica el comunicado de Lilly de «bastante sorprendente».

Asegura que nadie tiene mayor interés, «tampoco ninguna compañía farmacéutica», que el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas en mejorar la calidad de vida de las personas con alzhéimer y sus familiares, pero que los tratamientos de los que estamos hablando «tienen un valor clínico muy dudoso y han sido puestos en duda por múltiples agencias de evaluación de todo el mundo.

De hecho, ningún país de la UE los tiene financiados de manera general y solo tres (Alemania, Austria y Luxemburgo) con un programa muy muy restringido y restrictivo)».Padilla afirma tajante que «no estamos hablando de tratamientos cuyo efecto revolucione la situación clínica de las personas con alzhéimer.

En absoluto.

Y esto es algo que conviene dejar claro porque si no estaríamos engañando a las personas que tienen alzhéimer y a sus familiares, y eso es lo primero que no hay que hacer».

Por ello, afea a la farmacéutica que el precio de estos tratamientos sea muy elevado y «por sí mismos estos medicamentos pueden no justificar los precios que se están planteando».A pesar del cruce dialéctico, ambas partes se han mostrado dispuestas a seguir negociando para que los fármacos acaben siendo financiados por el sistema público.

Y en medio de esta polémica, la Sociedad Española de Neurología (SEN), que agrupa a los especialistas que tratan a diario con estos pacientes, ha pedido «encarecidamente» a la ministra de Sanidad, Mónica García, al secretario de Estado de Sanidad y presidente de la CIPM, Javier Padilla y a los representantes de las Comunidades Autónomas que «reconsideren esta resolución».La SEN ha expresado su «profundo pesar» por la decisión adoptada el 15 de julio de 2026 por la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos de no incluir en la financiación pública los fármacos lecanemab y donanemab para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer inicial, limitando su acceso a la prescripción en el ámbito privado.

La doctora Raquel Sánchez-Valle, coordinadora del Grupo de Conducta y Demencias de la Sociedad Española de Neurología (SEN), pone en valor que «las principales agencias del medicamento del mundo, entre ellas la europea (EMA), han dictaminado que el balance eficacia-seguridad es positivo y por eso se comercializa ». «Múltiples agencias regulatorias abalan este balance positivo, y en este sentido, por ejemplo, en Estados Unidos, estos tratamientos están disponibles desde hace unos 3 años, con datos que avalan la seguridad y satisfacción de su uso en práctica clínica habitual», apunta.Aunque reconoce que los primeros fármacos que llegan al mercado no son los que cambian el campo y se quedan como óptimos, «ahora mismo es lo que tenemos, están aprobados y permiten abrir una puerta a que vengan otros más eficaces y baratos».

Inequidad entre pacientesEn su opinión, el hecho de que este fármaco vaya a estar disponible en España en la sanidad privada pero no a nivel público tiene «implicaciones clínicas para los pacientes» y supone una «situación de inequidad». «Habrá pacientes que lo puedan recibir si pueden financiárselo.

Esto nos pone en una situación inédita hasta el momento a los neurólogos», advierte la especialista de la SEN en conversación con ABC.Los neurólogos consideran que esta barrera económica «vulnera el principio de equidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), creando diferencias inaceptables según la capacidad económica de los pacientes y sus familias y rompe los principios de universalidad y cohesión que inspiran nuestro sistema sanitario y del que estamos tan orgullosos.

Además, enfrentará a los profesionales del SNS ante un dilema ético en cuanto a las recomendaciones que deben realizar a los pacientes que pudieran beneficiarse de estas terapias».Excluir estos fármacos del SNS, señalan desde la SEN, « retrasa la modernización de la atención pública a la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, así como la formación de nuestros profesionales, que fundamentalmente, se forman en centros públicos y la investigación en el campo».La incorporación ordenada de estos fármacos, supondría «la mejora de circuitos diagnósticos y redes asistenciales especializadas que no sólo beneficiarían a los pacientes que reciben estos fármacos, sino a todos aquellos con sospecha o afectados por algún tipo de deterioro cognitivo, como hemos presenciado los neurólogos en las últimas décadas con la introducción de novedades terapéuticas en ictus, esclerosis múltiple o migraña».  ...