Yolanda Díaz prohibirá el despido de trabajadores que denuncien casos de corrupción en sus empresas

El último Consejo de Ministros de la temporada, justo antes del habitual parón de agosto, va a aprobar este martes un anteproyecto de ley por el que se prohibirán los despidos de trabajadores que hayan denunciado prácticas de corrupción o delatado prácticas que sean ilegales en el seno de sus propias empresas.

Se trata de una iniciativa puesta en marcha por el Ministerio de Trabajo, cuya titular, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, considera clave esta modificación legal para «proteger» a los empleados que se atrevan a dar este paso, según apuntan fuentes del departamento.

Aunque no existen registros concretos sobre el número de casos que se han visto inmersos en estas circunstancias, Díaz ha acelerado esta iniciativa con la que va a adelantar la ejecución del propio Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ante el Congreso de los Diputados hace ahora un año, como consecuencia de los escándalos vinculados al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán,   y al exministro José Luis Ábalos.

Aquel programa, compuesto por 15 grandes medidas, ha ido deambulando por los pasillos de varios ministerios, aunque no ha sido desplegado en su totalidad, a pesar de la pomposidad que le dio el propio Sánchez para hacer frente al acoso judicial que sufría el PSOE con los escándalos del verano pasado.El anteproyecto supone una modificación de hasta cuatro artículos del Estatuto de los Trabajadores, todos vinculados de una y otra forma al despido de los trabajadores.

Cambiará el arículo 4, relativo a los derechos laborales; el 14, referente al periodo de prueba; el 17, que habla de la no discriminación en las relaciones laborales; el 53, en lo referente a la forma y efectos de la extinción por causas objetivas del contrato; y el artículo 55, que versa sobre la forma y los efectos del despido disciplinario.

Es decir, se abarcan diferentes modalidades contractuales en las que la empresa no podría actuar contra un trabajador que le haya delatado poniendo en marcha algún tipo de denuncia por cometer supuestas ilegalidades en el entorno del propio negocio.La incorporación de estas especificidades en el despido objetivo, el disciplinario y la calificación de nulidad de un cese laboral supone un cambio normativo si media una denuncia por corrupción: un vertido ilegal de un negocio, una ilegalidad fiscal, un cohecho o cualquier otro caso ilegal que pueda haber llegado a manos del trabajador y quiera denunciarlo ante la Justicia, por ejemplo.

Lo que se hará será establecer una «garantía de inmunidad» , según fuentes de Trabajo, en este tipo de situaciones evitando que la represalia sea precisamente el despido.

Si, llegado el caso, una empresa opta por ejecutar un cese de actividad de un trabajador, la ley calificará este despido como nulo.

Esta nueva protección laboral no solo se aplicará sobre el trabajador en sí mismo, sino que también se despliega hasta su círculo más cercano , bien sea el familiar o con el que tenga habitualmente contacto de convivencia.

Evitando así, indican fuentes ministeriales, represalias indirectas hacia otras personas que vayan más allá del propio empleado.Díaz adelanta con esta iniciativa a Sánchez, que aún no ha puesto en marcha su plan contra la corrupción, anunciado hace un año en el Congreso tras el escándalo de Cerdán y ÁbalosAunque la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, aprobada en 2023, ya prohíbe los actos u omisiones contrarios a la norma, las amenazas y los tratos desfavorables en el contexto laboral que afecten a estas personas, Trabajo sostiene en este anteproyecto que, por razones de seguridad jurídica y de eficacia del marco normativo de protección del informante, resulta necesario reforzar las garantías de indemnidad de la persona informante en el ámbito laboral.Evitar represaliasEl objetivo de este anteproyecto es el de asegurar la indemnidad de los trabajadores por cuenta ajena que forman parte del sistema de protección de las personas informantes y que se concreta en la prohibición y, en su caso, la nulidad, «de todo tipo de represalias que puedan ser adoptadas en el ejercicio del poder de dirección empresarial».Trabajo explica que este anteproyecto regula los aspectos imprescindibles para atender la necesidad de garantizar la indemnidad de las personas informantes «tras constatarse que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a las personas destinatarias».

Su puesta en marcha depende en cualquier caso de una larga tramitación parlamentaria -se trata de un anteproyecto- y de un consenso de mayorías que, por ahora, no se encuentran garantizadas en el Ejecutivo de coalición de PSOE y Sumar. ...