El juez pide información de cuentas bancarias del PSOE, de Zarrías y del abogado Ismael Oliver para saber si el partido pagó a Leire a través de terceros

El juez Santiago Pedraz ha abierto una pieza separada económica en el caso Leire Díez en la que ha pedido a distintas entidades bancarias que facilite los datos de las cuentas asociadas al PSOE para revisar los pagos y transferencias hechas desde éstas y comprobar si las facturas que pagó el partido al abogado Ismael Oliver (primer defensor de Koldo García), Jacobo Teijelo (abogado de Santos Cerdán) y a la consultora del político andaluz Gaspar Zarrías iba en realidad destinado a pagar a Leire Díez .

Atendiendo a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, el instructor del 'caso de las cloacas del PSOE' pide a 12 entidades financieras que informen y faciliten «cuanta información, movimientos y saldos obren en sus bases» relativa a las cuentas bancarias relacionadas con «la persona física/ jurídica Partido Socialista Obrero Español; Zaño Consultores SL; Gaspar Carlos Zarrias Arévalo; Oliver Gruppe SL, Estudio Jurídico Oliver y Partners SL; Oliver Romero; Jacobo Teijelo Casanova y Crónica Libre SL».En junio, el instructor pidió a la UCO que identificase las cuentas en las que Leire Díez había recibido cantidades y las de quienes pudieron pagarle y también figuran como investigados por presunta organización criminal en la causa.

Un nuevo oficio de la Guardia Civil entregado al juez considera que es procedente "mantener un análisis completo de los hechos investigados y evitar que una limitación prematura de las cuentas objeto de requerimiento pueda impedir el conocimiento del recorrido de los fondos o de operaciones relevantes para la investigación atendido que las cuentas fueron identificadas por el partido y de que varias de las cuentas señaladas lo han sido únicamente en atención a la información consignada en las facturas, sin que en este momento pueda determinarse si estas fueron efectivamente abonadas en dichas cuentas ni cuál fue el destino final de los fondos".

La Fiscalía Anticorrupción apoya dicho análisis y el juez, atendiendo a la "ponderación jurisdiccional del respeto y ajuste a la actividad instructora en cuanto objeto y finalidad, y a la proporcionalidad entre la medida que se propone y el resultado que se persigue" que establece el artículo 311 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como repasando la jurisprudencia al respecto, ordena a la UCO dirigirse a las entidades bancarias para que aporten toda la información.

Pedraz justifica que "no se puede descartar que los cruces entre las distintas cuentas puedan arrojar luz sobre aquellos pagos que se sospechan efectuados, pero no se han podido acreditar.

No existiendo un filtro previo que se pueda aplicar para seleccionar una u otra cuenta bancaria para localizar el origen y destinos de esos pagos que aparecen sólo parcialmente justificados".Acuerda investigarlo en una pieza separada económica para que "los datos sensibles económicos sean utilizados por la UCO para elaborar el informe que ayude a determinar los extremos que se han referido en el informe, pero evitando que el traslado abierto y su íntegro volcado en las actuaciones permita su pública difusión (que se torna imposible de controlar)".

El juez avanza que "una vez elaborado el oportunoinforme se procederá al expurgo de toda la documentación que se haya recabado y que resulte inútil para la instrucción de la causa y finalizado dicho expurgo podrá procederse a su íntegro volcado en las actuaciones" y se anticipa a la reacción de los investigados recordando que "ninguna vulneración al derecho a la defensa de las partes puede suponer esta forma de proceder puesto que cada uno de los afectados por esta medida tienen perfecto conocimiento de la información de sus propias cuentas bancarias y podrá discutir el informe que se elabore por la UCO sin lesión alguna a su legítimo derecho a la defensa".

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