Vox ataca la 'ley de nietos' por todos los frentes y la convierte en su nueva cruzada

La ofensiva política y judicial empezó hace semanas y continuará en los próximos meses, previsiblemente hasta las elecciones generales.

Vox insiste en denunciar los efectos que podrá tener la llamada 'ley de nietos' —por la que se han registrado 2,4 millones de solicitudes de nacionalización, de las que según el Gobierno 500.000 estarán en disposición de votar en las próximas elecciones generales—.

El partido de Santiago Abascal, sin embargo, empieza a afinar su mensaje.

De las constantes alusiones a un 'pucherazo' que estaría preparando el Gobierno, Vox ha comenzado a cristalizar sus denuncias en acciones judiciales muy concretas, constituyendo un equipo de trabajo específico que lleva tiempo volcado en el asunto.Dirigentes de la formación trasladan ahora la necesidad de «explicar bien» su posición y aparcar —al menos de momento— las habituales soflamas políticas.

Insisten en que «se trata de un asunto muy serio», que hay que abordar a fondo, y buscan la vía para llevarlo a distintas instancias judiciales e implicar a la propia Comisión Europea.

En este grupo de trabajo participan la secretaria general adjunta, Montse Lluis ; el jefe de la delegación europea, Jorge Buxadé ; el vicesecretario de Acción Política, Ignacio Hoces ; y el director de la fundación Disenso, Jorge Martín Frías .

Según ha podido saber ABC, en las últimas semanas el partido ha intensificado sus movimientos para trasladar al resto de socios europeos las implicaciones que podría tener esta concesión masiva de nacionalidades para todo el continente.

Incluso Abascal ha compartido información directa a algunos líderes con los que tiene interlocución y confianza.

Admiten que a diferencia de la regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno —que todos los socios comprenden lo que supone—, los efectos de la 'ley de nietos' son mucho más complejos de explicar fuera de nuestras fronteras.Los movimientos, en todo caso, se han multiplicado en los últimos días.

El viernes el partido se dirigió formalmente a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho del Consejo de Europa, conocida como Comisión de Venecia, con un escrito pidiendo que se pronunciara sobre las nacionalizaciones e insistiendo en la idea de «fraude censal».

Hace solo unos días presentaron un recurso en el Tribunal Supremo contra la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) en la que el organismo arbitral afirmaba que no tenía «competencias» para actuar en este proceso de nacionalizaciones, aunque cuatro vocales de los trece sí emitieron un voto particular advirtiendo de un «incremento irregular» del censo electoral.

Según ha podido saber ABC, esa división es fuerte dentro de la JEC y Vox considera —de ahí el recurso presentado— que, en realidad, el organismo sí debería poder actuar teniendo en cuenta que la supervisión del censo —y que crezca en contra de lo previsto por la ley— es de su competencia.

Además, el partido de Abascal se ha querellado contra Sofía Puente , hermana del ministro de Transportes, y que firmó como directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública la famosa instrucción que desarrolla la 'ley de nietos'.Dirigentes deciden aparcar las soflamas habituales del 'pucherazo' e insisten en explicar bien la posición ante «un asunto muy serio»Este es el verdadero origen.

La llamada 'ley de nietos' es una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática —aprobada en 2022— y que, después, fue desarrollada en esta instrucción.

Para Vox —también para el PP— se trata de una instrucción «manifiestamente ilegal», teniendo en cuenta que sin potestad reglamentaria cambió lo que decía una ley aprobada en el Congreso de los Diputados.

Lo que hizo, en realidad, fue ampliar los beneficios de la norma a los descendientes que emigraron por razones económicas —y no solo a hijos de los exiliados por la Guerra Civil y la dictadura—.

Después hubo una segunda instrucción, ya en el año 2024, que permitió acogerse a la norma a todos aquellos que hubieran solicitado —incluso sin entregar la documentación necesaria— la nacionalidad dentro del plazo legal (terminó el 22 de octubre de 2025).Vox ha pedido la nulidad de oficio para ambas instrucciones.

El partido de Abascal movió esta ficha hace semanas y ahora es la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia la que debe responder, solicitando previamente un pronunciamiento al Consejo de Estado.

Si no respondiera quedaría desestimada la petición —silencio negativo— y Vox podría acudir, ya sí, a la Audiencia Nacional.

Este es un paso clave que, sin embargo, aún debe esperar a que termine el procedimiento administrativo.

Lo que el partido de Abascal ha reclamado es que no se permita el voto por correo desde el extranjero «sin garantías de identidad y custodia», asegurando que los requisitos son mucho más exigentes en territorio español.Fuentes de Vox dejan claro que su intención es mantener la cruzada contra la ley, convencidos de que la instrucción de Sofía Puente es ilegal y debe ser anulada.

El Gobierno defiende, sin embargo, la legalidad de los pasos dados tras la aprobación de la ley y carga duramente contra la oposición por su ofensiva.

El PP, que se ha sumado a la petición de nulidad de la citada instrucción, también habla abiertamente de «ingeniería electoral» y se ha sumado a algunos de los pasos dados por Vox.

Alberto Núñez Feijóo anunció en su balance de fin de curso que su formación está estudiando una modificación del Código Civil en materia de nacionalidad «para que la ley no regale pasaportes». ...