Hombre preso por 20 años sin sentencia

Durante casi dos décadas, el señor Chiquín Jiménez permaneció en prisión preventiva en una cárcel de Dajabón sin que un tribunal emitiera una sentencia definitiva sobre su caso. Una orden judicial para trasladarlo a un centro de salud mental nunca se ejecutó, el proceso penal quedó suspendido y, durante años, nadie revisó nuevamente su situación.

El hombre ingresó al sistema penitenciario el 20 de junio de 2006, acusado de provocar la muerte de otra persona. Sin embargo, nunca llegó a enfrentar un juicio de fondo.

En marzo de 2009, cuando finalmente el caso sería conocido por el Tribunal Colegiado de Dajabón, el Ministerio Público solicitó aplicar el procedimiento especial para personas inimputables, luego de que evaluaciones médicas concluyeran que el imputado padecía una condición de salud mental que le impedía comprender el proceso penal.
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Aunque la defensa estuvo de acuerdo con esa solicitud, el tribunal rechazó aplicar el procedimiento al considerar que la condición podía ser transitoria. En cambio, suspendió el proceso y ordenó que el imputado fuera trasladado a un centro de salud mental hasta recuperar sus facultades para enfrentar el juicio.

Esa decisión nunca se cumplió. El hombre permaneció recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Dajabón bajo prisión preventiva. Nunca fue trasladado al centro especializado ordenado por el tribunal y tampoco volvió a ser evaluado para determinar si podía continuar el proceso penal.

El expediente permaneció prácticamente inmóvil durante años.
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Dahianna Licelot Morel, encargada de la oficina de la Defensoría Pública en Dajabón.
Acciones judiciales

La situación comenzó a revisarse en 2022, cuando la Oficina Nacional de Defensa Pública, a través de la coordinadora de la oficina de Montecristi, Dahianna Licelot Morel, detectó el caso durante una revisión de expedientes en los centros penitenciarios bajo su jurisdicción.

Tras estudiar la documentación disponible, la Defensa Pública inició una serie de acciones judiciales para intentar corregir la situación. Primero solicitó la extinción de la acción penal, petición que fue rechazada. Luego recurrió en apelación y posteriormente ante la Suprema Corte de Justicia, sin éxito.

Agotadas las vías ordinarias, presentó una acción de hábeas corpus al considerar que el hombre permanecía privado de libertad sin que su situación jurídica hubiera sido resuelta.

En una primera decisión, el tribunal acogió parcialmente el recurso y llamó la atención del Ministerio Público por la inactividad del proceso, ordenándole realizar las actuaciones necesarias para reevaluar al imputado y definir su situación jurídica.

Según la Defensa Pública, esas diligencias tampoco se ejecutaron.

Situación actual

Finalmente, el 25 de febrero de 2026, la Corte de Apelación de Montecristi ordenó la libertad inmediata del hombre, poniendo fin a una prisión preventiva que se había prolongado durante casi veinte años.

Entre los documentos del expediente figura un escrito del fiscal Jonathan Barrow, quien describió al imputado como "un olvidado del sistema", una expresión que resume lo ocurrido durante dos décadas.

Para la defensora Dahianna Licelot Morel, el problema no radicaba únicamente en el tiempo que el hombre permaneció encarcelado, sino en que el procedimiento previsto por la ley para personas con trastornos de salud mental nunca se ejecutó.

"Lo que mucha gente no ha entendido es que él nunca fue enviado a un centro de salud mental. El tribunal lo ordenó, pero él siempre se quedó preso. Nunca lo trasladaron y tampoco volvió a ser evaluado", explica.

Tras obtener la libertad del hombre, la participación de la Defensa Pública concluyó. La institución aclara que no tiene facultades para reclamar una indemnización por los años de privación de libertad, ya que su función se limita a garantizar los derechos fundamentales de las personas imputadas.

El caso pone sobre la mesa el debate sobre el uso prolongado de la prisión preventiva y la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento de los procesos penales, especialmente cuando involucran personas con trastornos de salud mental.

¿Cómo un hombre pudo permanecer casi 20 años en prisión preventiva sin que se ejecutara una decisión judicial que ordenaba su traslado a un centro de salud mental y sin que su situación procesal volviera a revisarse?
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