El PP presiona a Albares por la saturación de la red consular por la 'ley de nietos'

Desde que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, acusó al Gobierno a finales de junio de hacer «ingeniería electoral» con la 'ley de nietos' —la disposición de la Ley de Memoria Democrática que permite que adquieran la nacionalidad los hijos y nietos de exiliados por el franquismo—, el PP está empeñado en demostrar que su denuncia no lo es tanto al fondo, sino a la forma.

Primero, porque el Ministerio de Justicia, como desveló ABC hace cuatro años , publicó una instrucción que superaba el alcance de la norma que aprobó el Congreso.

Y segundo, porque este proceso masivo para obtener la ciudadanía no fue de la mano de un refuerzo eficaz de las oficinas consulares.La Asociación de Diplomáticos de España, la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado y el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior han denunciado públicamente que la red consular se encuentra «desbordada por el fuerte aumento de solicitudes y procedimientos derivados de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática».

Es decir, por la avalancha de peticiones de nacionalidad que recibieron los consulados hasta octubre del 2025, cuando oficialmente acabó el plazo para reclamar la ciudadanía.

El PP, en dos iniciativas parlamentarias a las que ha tenido acceso este periódico, se hace eco de la «situación crítica» que atraviesa el servicio exterior.El Grupo Parlamentario Popular ya registró en el Congreso a principios de mes la solicitud de comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europa y Cooperación, José Manuel Albares, para que detalle cómo se está abordando la nacionalización de hijos y nietos de españoles.

En principio, la Ley de Memoria Democrática determinaba que se podían acoger a ella los descendientes de quienes hubiesen sufrido exilio «por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual», algo que conectaba con la Guerra Civil y la dictadura franquista.

No obstante, la instrucción emitida días después de la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dependiente de Justicia, abría la puerta de la ciudadanía a los descendientes de todo español emigrante, sin distinción.Es cierto que el PP y el propio Feijóo han defendido en el pasado esa medida, pero los populares critican la inseguridad jurídica que genera que una instrucción de menor rango reinterprete y amplíe los márgenes de aplicación de una ley.

Y a eso hay que sumarle la carga de trabajo.

Existen demarcaciones, según las entidades del servicio exterior a las que cita el PP, «especialmente saturadas».Más del 60% de solicitudes se acumulan en cinco consulados: Buenos Aires, La Habana, Ciudad de México, Caracas y Sao PauloEste diario tuvo acceso a los datos que maneja Exteriores y publicó en abril que el total de peticiones de nacionalidad vía 'ley de nietos' (sumando las presenciales y las citas en línea) es de 2.560.193.

De ellas, 658.088 corresponden a Buenos Aires, 616.408 a La Habana, 99.142 a Ciudad de México, 36.860 a Caracas y 159.842 a Sao Paulo.

Más del sesenta por ciento de la demanda, en apenas cinco consulados.

El PP pregunta al Gobierno —que debe responder por escrito— qué le parece la situación de «colapso y saturación» de la red consular y qué medidas piensa tomar para paliarla.El propio ministerio, en el Balance de Actividad Consular 2025, reconoce que la población española en el exterior aumentó en 157.000 personas el año pasado y en 400.000 desde 2022, cuando se aprobó la ley.

Hubo un incremento de la actividad consular en visados (8,4%) y en Registro Civil (16,4%).

Para hacer frente a la carga de trabajo, Exteriores autorizó la contratación de 657 efectivos e hizo permanentes las plazas temporales de cónsul adjunto en Buenos Aires, La Habana y Ciudad de México.

El PP reclama al Gobierno que desglose, por oficina consular, el número de solicitudes de nacionalidad por la 'ley de nietos', los expedientes aprobados, los pendientes y el tiempo medio de tramitación.

También cuestiona el refuerzo aprobado y pide que se aclare el criterio. ...