Moncloa admite el coste político que asume en su defensa de Zapatero

La investigación sobre el caso Plus Ultra avanza, mientras el Gobierno sigue inmóvil en su posición de defensa cerrada de José Luis Rodríguez Zapatero.

Las declaraciones ante el juez José Luis Calama de quien fuera su amigo y pagador 'Julito' Martínez y dos directivos de la aerolínea ubicando al expresidente en el centro de las operaciones para obtener el préstamo, del que él habría cobrado una comisión de 530.000 euros , ensombrecen el horizonte judicial de Zapatero y sitúan a Moncloa en una tesitura profundamente complicada.

Por un lado, porque el Ejecutivo ha asumido la defensa política del expresidente, proclamando su inocencia desde todos los altavoces oficiales, incluida la mesa del Consejo de Ministros.

Y por otro lado, porque los focos vuelven a situarse sobre un rescate que avaló el Gobierno en pandemia.Si bien sobre este segundo extremo la posición gubernamental es muy rocosa, incidiendo continuamente en que no hay visos de irregularidad en su actuación; en el primer asunto, en su reivindicación de la figura de Zapatero, sí se reconoce la asunción de riesgos.

Más, si cabe, cuando ya hay cargos del PSOE que urgen, tal como publicara a ABC, a marcar distancias cuanto antes .

Fuentes gubernamentales admiten el coste que se asume manteniendo la confianza en el expresidente de manera pública.

Una convicción que se encuadra casi en el plano de lo personal, en una «posición más honrada» que estratégica, despojándola de cualquier cálculo político que invitaría a elevar la prudencia.

En Moncloa se presentan inmunes ante las nuevas evidencias que operan en sede judicial y siguen enrocados en su posición de defensa.

Las citadas fuentes reconocen que la situación es «difícil», pero no dudan en que «si tienen que elegir, creemos en su versión». «Es Zapatero y creemos en él», insisten, en un argumento carente de cualquier atisbo de racionalidad.No es extraño que desde el Gobierno y el PSOE se defienda la inocencia de actores inmersos en procesos judiciales.

Ya lo hicieron en ocasiones precedentes, empezando por el propio Pedro Sánchez, en las causas del fiscal general del Estado, de Begoña Gómez o del hermano del presidente.

Sin embargo, en estos tres casos, la defensa pública de los investigados se hacía a colación de un abierto cuestionamiento de las investigaciones en sí mismas.

Cuando se advertía de que «no había nada», se apreciaba que eran procesos que se instrumentalizaban políticamente para tratar de derrocar al Gobierno, en una campaña de acoso y derribo judicial.

Sin embargo, en el caso de Zapatero esta retórica no opera.

En este caso, en Moncloa se han cuidado mucho en no asegurar en ningún momento que las acusaciones son infundadas.

De hecho, más allá de reivindicar su inocencia, en el Ejecutivo suelen rehusar pronunciarse sobre el fondo del asunto que se investiga, arguyendo que «se trata de un proceso muy incipiente».

Además, las fuentes gubernamentales consultadas aseguran no tener más explicaciones del expresidente, de las que ya ha ofrecido en sede judicial, que inviten a sostenerle públicamente.

Ni siquiera sobre el asunto más controvertido, el que tiene que ver con las joyas halladas en la caja fuerte de su despacho en Ferraz dicen contar con mayor información. «No se la hemos pedido», resuelven, pese a que el propio Sánchez presume de tener un contacto constante con Zapatero y trató de justificar la procedencia del ajuar como regalos en su etapa en Moncloa.El rescate de Plus UltraEn el Ejecutivo se revuelven con más determinación ante las dudas generadas sobre cualquier irregularidad en el préstamo que Plus Ultra recibió en pandemia.

En el Gobierno sostienen que todo fue correcto, que se hizo conforme a la legalidad y los trámites oportunos y, además, exponen que el rescate ha sido después revisado por varias instancias, tanto judiciales como europeas, lo que -a su juicio- asegura que se hizo con todas las garantías. «Defendemos que no tiene sentido intermediar para conseguir algo que ya cumplía todos los requisitos.

No hacía falta», sentencian.Fuentes gubernamentales consultadas por este diario se muestran taxativas en que «no se hizo nada mal» y que «en ningún caso se recibieron presiones» para que se aprobara o acelerara la concesión del citado préstamo de 53 millones de euros.

En Moncloa exponen que «esto lo ha revisado mucha gente durante muchos años» y recuerdan que el expediente del rescate incluso está en un sumario judicial. «No hay nada», aseguran, recordando el carácter público de ese expediente para que cualquiera que quiera pueda fiscalizarlo a conciencia. ...