El derecho a explorar de mineras

Nos hemos acostumbrado a la reacción. Cada vez que en la República Dominicana alguien pide permiso para explorar el subsuelo, ocurre lo mismo: el país reacciona como si ya estuvieran cavando una mina. No existe entre nosotros una etapa intermedia entre “no sabemos qué hay” y “nos están saqueando”. Esa ausencia —la de un derecho a explorar que funcione en la práctica y no solo en el papel— es la raíz de buena parte de nuestra parálisis minera. La discusión chilena sobre el “right to explore” sirve de espejo para mirarnos nosotros mismos y  hacernos una pregunta: ¿tenemos ese derecho, o apenas una posibilidad formal atrapada entre permisos dispersos, incertidumbre administrativa y costo político?

El derecho comparado no consiste en copiar modelos, sino en observar cómo otros países han resuelto tensiones similares para extraer principios útiles y advertencias. Chile no es República Dominicana: su historia minera, su escala productiva y su peso en los mercados globales son distintos. Pero su experiencia deja una enseñanza que trasciende el contexto: un país minero no se construye solo con yacimientos, sino con reglas que hacen posible investigarlos con seriedad y decidir sobre ellos con responsabilidad.

La primera lección chilena es simple, pero profunda: la exploración no es una etapa menor ni un privilegio caprichoso del inversionista, sino el punto de partida del conocimiento geológico. Antes de que exista una mina —antes de producción, exportaciones, empleos o tributos— debe existir una pregunta básica: ¿qué hay realmente en el territorio? Sin exploración no hay descubrimiento; sin descubrimiento no hay proyecto.

Eso no significa que explorar sea un derecho absoluto. Ningún derecho lo es. Con el tiempo, los sistemas jurídicos han ido sumando capas de protección —regulación ambiental, áreas protegidas, propiedad superficial, derechos comunitarios, patrimonio arqueológico, consulta previa— que han desplazado el viejo paradigma centrado solo en encontrar el depósito. Hoy el mayor obstáculo de la exploración no suele ser geológico: es legal, regulatorio, social y reputacional.

Ahí aparece el punto dominicano. Entre nosotros, la discusión minera suele empezar tarde y en el lugar equivocado: cuando ya hay un proyecto visible, una comunidad movilizada o una tensión política abierta. Pocas veces se explica que la exploración es precisamente la fase que produce información y reduce incertidumbre. El problema de fondo es que el país no distingue tres momentos que deberían tener requisitos y controles propios: explorar, evaluar y explotar. Confundirlos bajo una sola palabra —“minería”— empobrece el debate y convierte cualquier permiso preliminar en una batalla cultural.

Construir esa distinción tiene implicaciones concretas para el diseño institucional dominicano. Un régimen moderno de exploración necesita una ventanilla única clara, plazos verificables, coordinación real entre autoridades mineras y ambientales, información pública accesible y participación temprana. También necesita criterios objetivos que definan qué actividades de bajo impacto pueden realizarse en una fase inicial, cuáles requieren evaluación ambiental más rigurosa y cuáles deben quedar excluidas por razones ecológicas, territoriales o culturales.

La comparación con Chile deja además una advertencia clave: la seguridad jurídica no es debilidad regulatoria, sino su opuesto. Los países que ordenan mejor su actividad extractiva son los que distinguen con claridad qué se puede hacer, dónde, cómo y bajo qué autoridad. La incertidumbre no es prudencia; con frecuencia es una forma silenciosa de arbitrariedad. Y cuando los derechos formales no encuentran cauces administrativos eficaces, la confianza social se deteriora —y con ella, cualquier actividad técnica se vuelve terreno fértil para el recelo.

El camino no está en los extremos. Un país serio no puede permitir exploraciones sin control ni trazabilidad, pero tampoco puede tratar toda exploración como una amenaza. Entre la permisividad irresponsable y la prohibición emocional existe una vía institucional: permitir conocer, regular el acceso, transparentar la información y decidir con evidencia. Eso exige, también, una pedagogía pública que explique qué ocurre en una fase exploratoria, qué impactos puede generar y qué sucede cuando los resultados no justifican avanzar —porque la mayoría de los proyectos de exploración nunca llegan a convertirse en una mina.

El principio de fondo, más allá de cualquier modelo importado, es este: los países que toman en serio su potencial minero protegen el derecho a conocer su subsuelo dentro de un marco cada vez más exigente de responsabilidad ambiental y legitimidad social.

La República Dominicana está ante una decisión que debe trascender. Puede seguir atrapada en un debate donde cada intento de explorar se vuelve sospecha y cada demora administrativa se disfraza de cautela. O puede construir un sistema donde ordenar con inteligencia lo que el país necesita entender sea, precisamente, la forma de proteger su territorio. Porque la minería moderna no empieza con una mina: empieza con una pregunta bien regulada —¿qué tenemos, dónde está y cómo debe decidirse su futuro? ...