Los dos tiempos del fuego

Que un episodio de esta magnitud acabe convirtiéndose en una catástrofe depende de decisiones públicas: de la planificación de la administración competente, de la cooperación entre instituciones y de la capacidad para alcanzar acuerdos cuando desaparece el humo. El verdadero fracaso no es que el monte arda. Es que, cuando deja de arder, también se extinga la voluntad política de evitar el siguiente

Hay incendios que arrasan bosques. Y hay otros que consumen la conversación pública. Cada verano asistimos al mismo patrón: mientras miles de vecinos son desalojados, los equipos de extinción se juegan la integridad física y las llamas avanzan, el debate se precipita hacia el reproche. En el terreno, sin embargo, suele imponerse la cooperación entre instituciones y una gobernanza multinivel mucho más eficaz de lo que refleja la bronca política.

Toda crisis tiene dos tiempos. El primero es el de la emergencia. La prioridad no debería ser desgastar al adversario, sino proteger vidas, coordinar recursos y ofrecer información fiable para que ese espacio no lo ocupen la desinformación ni quienes instrumentalizan el temor para erosionar la confianza ciudadana. La comunicación institucional también resulta decisiva porque reduce la incertidumbre y transmite serenidad, unidad y empatía a quienes acaban de perder una vivienda, un negocio o, en el peor de los casos, a un ser querido.

¿Qué siente una persona evacuada cuando enciende la televisión y escucha insultos, descalificaciones o acusaciones cruzadas? Cuesta pensar que perciba a los responsables públicos concentrados en resolver su problema. El ruido no apaga el fuego; solo aumenta la sensación de miedo y enfado.

El segundo tiempo llega cuando las llamas se extinguen. Es entonces cuando corresponde la rendición de cuentas: preguntar si la prevención fue suficiente, si los montes estaban bien gestionados, si las plantillas contaban con medios estables o si los presupuestos respondían a un riesgo que ha dejado de ser excepcional. Confundir ambos momentos no fortalece la democracia; la empobrece porque erosiona la dimensión más útil de la política: su capacidad para ofrecer soluciones duraderas a desafíos colectivos.

Los datos evidencian que esta realidad ha dejado de ser coyuntural. En lo que va de 2026 ya han ardido 152.678 hectáreas forestales, más de seis veces la extensión afectada en el mismo periodo del año pasado, el equivalente a toda la isla de Gran Canaria. Con más de la mitad de su superficie cubierta por bosques y otras formaciones vegetales, y un Mediterráneo que se calienta por encima de la media mundial, resulta difícil seguir viendo estos siniestros como un fenómeno estacional o como una cuestión que solo reaparece cuando llegan las altas temperaturas.

Aun así, esa segunda etapa sigue sin traducirse en una estrategia de país frente a esta amenaza. No es por falta de propuestas. El Gobierno presentó el pasado septiembre un Pacto de Estado con diez medidas centradas en la adaptación, la articulación institucional y la anticipación. A ello se suma la hoja de ruta impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica, que incluye actuaciones como la reciente Red Estatal de Refugios Climáticos ante las olas de calor y el anunciado Plan contra la Desinformación Climática. El PP registró semanas antes un Plan Integral de Ayuda con cincuenta acciones orientadas a la restauración ambiental y al refuerzo de la UME.

El análisis de ambos documentos revela enfoques distintos, pero también coincidencias en el fortalecimiento de las capacidades públicas de prevención y respuesta. El Ejecutivo sitúa la crisis climática en el centro del diagnóstico. El texto del PP apenas menciona una vez el cambio climático y lo hace vinculado a la agricultura del carbono, no como explicación del aumento de la vulnerabilidad. Esa divergencia, por sí sola, no basta para explicar la ausencia de un punto de encuentro. El obstáculo parece otro y responde, sobre todo, a dos dinámicas.

Por un lado, la polarización bloquea cualquier entendimiento con el adversario. Por otro, la lógica de la campaña permanente premia la diferenciación constante, incluso en plena emergencia. El incentivo ya no es tejer consensos duraderos, sino reforzar el perfil propio. La paradoja es evidente: cuanto mayor es la certeza científica sobre la magnitud del problema, menor es la disposición para articular pactos de Estado.

En ese contexto, Vox introduce otro marco interpretativo. Durante los incendios de Madrid y Ávila, Santiago Abascal difundió un vídeo de 49 segundos en el que atribuía la tragedia al “fanatismo climático”, a las “políticas verdes suicidas” y a la corrupción del Gobierno de Sánchez. El fuego deja de concebirse como un asunto de interés general para convertirse en un nuevo frente de la batalla cultural. Para la extrema derecha, no se trata de resolver esta urgencia, sino de convertirla en un instrumento de movilización ideológica a través de la confrontación.

Ese relato encuentra un aliado en la desinformación. Cada gran incendio viene acompañado de una cascada de bulos y eslóganes populistas: que la Ley de Montes impide limpiar los bosques, que la UME abandona poblaciones o que “solo el pueblo salva al pueblo” porque el Estado autonómico no funciona. Son mensajes que el algoritmo recompensa porque generan indignación. Saltan de perfiles partidistas a canales de mensajería, de ahí a algunos medios de comunicación y terminan contaminando la esfera pública.

La gestión en el entorno rural comienza mucho antes de que aparezca el primer foco. Se construye mediante labores preventivas durante el invierno, se reduce la carga vegetal, se estabilizan brigadas, se mejora la formación de los profesionales, se impulsa la investigación y se blindan recursos. Son intervenciones discretas. Apenas ocupan tertulias ni generan rédito electoral, pero son las que hacen más resiliente el paisaje.

Ningún gobierno puede impedir que prenda la chispa. Sí puede decidir si el territorio llega mejor preparado para responder. Que un episodio de esta magnitud acabe convirtiéndose en una catástrofe depende de decisiones públicas: de la planificación de la administración competente, de la cooperación entre instituciones y de la capacidad para alcanzar acuerdos cuando desaparece el humo. Porque el verdadero fracaso no es que el monte arda. Es que, cuando deja de arder, también se extinga la voluntad política de evitar el siguiente. Ahí empieza el segundo tiempo del fuego. Y ese sigue siendo el reto que España aún no ha sabido afrontar. ...