De pirómanos, emergencia y democracia

Mientras la emergencia exige más deliberación pública e inteligencia colectiva, nuestro sistema de partidos sigue ofreciendo respuestas del siglo pasado, basadas en la negociación entre élites y el cortoplacismo electoral

Coches calcinados con gente dentro que trató de huir y no pudo. El incendio de Los Gallardos, en Almería es el incendio más mortífero en España en mucho tiempo, con al menos trece muertos y decenas de personas sin localizar. Una catástrofe prevista por la ciencia deja de ser natural: es un nuevo tipo de violencia climática que se cronifica. Ya en agosto de 2025 España ardió de punta a punta —con especial dureza en Galicia, y en Castilla y León—, con casi 400.000 hectáreas devastadas y al menos siete muertos evitables. Entre aquellas llamas, Pedro Sánchez anunció un Pacto de Estado frente a la emergencia climática: un “escudo para España”. “La historia no absolverá la inacción”, proclamó. Ahora, ante las cenizas de Los Gallardos y mientras arde como nunca la sierra de Guadalajara, se ha vuelto a sacar del cajón.

Pensamos sin remedio que el fuego solo pertenece al verano, pero las llamas se prenden antes, desde múltiples sitios y fórmulas. Entre ellos, un despacho desde el que, bajo la influencia de los lobbys, se prioriza fomentar sistemas industriales fósiles y obsoletos en vez de todas sus alternativas, estrategias públicas que facilitan la industria intensiva de carne barata en lugar de fomentar el pastoreo y la conservación de sistemas de alto valor ambiental, y en el poco o casi nulo acceso digno a la vivienda y a la tierra en la mayoría de los medios rurales del territorio, por no hablar de las condiciones laborales que envuelven a la mayoría de las personas que producen lo que comemos. ¿No son acaso estos incendios una traducción inmediata de un modelo abrasivo entregado a la producción y la especulación, que ha abandonado la vida y lo común?

Y esto hay que decirlo alto y claro: es una decisión política criminal, repetida año tras año. Los fallecidos de Los Gallardos murieron porque hay pirómanos políticos que se negaron a blindar con financiación estable las medidas de prevención y protección civil que el Gobierno llevaba dos años prometiendo. Y también porque la Junta de Andalucía, sin Presupuestos aprobados para 2026, dejó que el cuerpo de agentes medioambientales perdiera 96 efectivos —un 14%— antes de esta campaña.

Pirómanos y padrinos del caos

Detrás de cada pirómano hay un grupo de interés que se beneficia. António Guterres, secretario general de la ONU, los bautizó como “los padrinos del caos climático”: se llevan beneficios récord y se dan un festín con subvenciones públicas. En España, el 86% de los 27.100 millones de euros en ayudas públicas analizados por Greenpeaceen 2024 resultó tóxico para el medioambiente.Y este año se vuelve a repetir el error: casi la mitad del paquete de unos 5.000 millones de euros de respuesta a la crisis de Irán, se dedica a incentivar el consumo fósil, un nivel de recursos que no ha realizado ningún país de la UE.

Repsol, Endesa y Naturgy son las tres empresas más contaminantes de España y suman el 30% de las emisiones del mercado de carbono español, según el informe Descarbonización 2026. El CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, se ofreció hace poco ante Trump a triplicar la extracción en Venezuela y cobró 4,75 millones el año pasado. Endesa la dirige ahora Gianni Vittorio Armani, con 900.000€ de sueldo más 250.000€ para vivienda y aviones. Francisco Reynés dirige Naturgy, con 5,38 millones de retribución. Sin olvidar que Iberdrola, con Pedro Azagra al frente, la preside Ignacio Sánchez Galán, que ganó 14 millones.

Josu Jon, Gianni, Juan, Francisco, Pedro, Ignacio: son algunos de nuestros padrinos del incendio nacional y global. Reparten dividendos multimillonarios mientras el país que respira su CO2 entierra a sus muertos.

Pactar con la ciencia y la ciudadanía

Lo que nos mata es una distancia criminal y muy poco visible entre la acción política, la ciencia y los bienes comunes. No hay foto del sabotaje a los objetivos de descarbonización, que son la única protección que ataja la crisis de raíz. Tampoco veremos portadas con la atroz imagen de los cuerpos calcinados en Los Gallardos. Esa es la realidad que nos ocultan quienes hablan de gestionar el colapso o venden la catástrofe como oportunidad. “Cuando hay fotografías”, escribió Susan Sontag, “el horror se vuelve real”. Pero aunque se censuren las imágenes o se esterilice el debate entre catastrofismo y tecno-optimismo, la emergencia ya es real para la mayoría: el 87% de la población española quiere que la ciencia marque el rumbo de la transición y exige participar en la toma de decisiones que permitirían ir más allá del crecimiento infinito que hoy destruye el planeta.

Un ejemplo de lo que significa esta fuerza ciudadana en la práctica acaba de verse en Galicia. Una sociedad entera se levantó gritando “Altri non”, para frenar el proyecto de una macrocelulosa que pretendía verter cada día 30 millones de litros de agua contaminada al río Ulla. La movilización masiva de plataformas como Defensa da Ría de Arousa o Ulloa Viva, junto al apoyo de organizaciones como Greenpeace, logró que el pasado 10 de julio de 2026 la Xunta archivara el proyecto. Siguen reclamando otro modelo de prosperidad, uno que no destruya el medio rural y el empleo que ya existe —el de las mariscadoras, los bateeiros, la agricultura tradicional— para beneficiar a una multinacional extranjera.

Aquí emerge una verdad muy incómoda: España no sufre un déficit de preocupación climática, sino un déficit democrático. Mientras la emergencia exige más deliberación pública e inteligencia colectiva, nuestro sistema de partidos sigue ofreciendo respuestas del siglo pasado, basadas en la negociación entre élites y el cortoplacismo electoral. Ese es el punto de mayor consenso en nuestra sociedad: la gente quiere escuchar a la ciencia, emprender el camino del poscrecimiento y sobre todo participar en las decisiones que afectan a su vida y a la de las generaciones futuras.

¿Y de qué queremos debatir cuando se nos da voz? La respuesta de la ciencia es clara y apunta a un concepto que la política institucional todavía teme nombrar: la suficiencia. Las científicas y los científicos del IPCC de la ONU señalan desde 2022 que para garantizar una vida digna en 2050 es imprescindible reducir democráticamente el uso de energía y materiales, repartiendo mejor lo que se produce. No se trata de escasez, sino de bienestar dentro de los límites planetarios. De hecho, en el sistema energético, Greenpeace ha demostrado, en un estudio para España y Portugal, que podemos lograr vivir mejor reduciendo el consumo energético un 39% para 2040, aplicando la suficiencia y la eficiencia, mientras atendemos las necesidades de servicios energéticos para toda la ciudadanía al 100% con energías renovables.

El verdadero problema actual no es si habrá o no un Pacto de Estado, sino qué partidos están dispuestos a pactar de verdad con esta evidencia científica. Según el Real Instituto Elcano, el 87% de los españoles quiere que el Parlamento adopte los objetivos que dicte la ciencia. Además, la experiencia demuestra que las políticas de suficiencia, lejos de generar rechazo social, encuentran un apoyo unánime en las asambleas ciudadanas climáticas siempre que se apliquen con justicia social.

Lamentablemente, la oportunidad de la Asamblea Ciudadana Climática de 2022 en España se desperdició en debates institucionales que nunca culminaron. Mientras esperamos, la desinformación gana terreno y el negacionismo habla el idioma de la “odiocracia”, atacando la evidencia científica a golpe de memes. El mundo ecologista se mueve a menudo en otras burbujas digitales minoritarias, cuando más que nunca, tenemos que hablar a todo el mundo, para proteger el derecho de la gente a estar verazmente informada. Por eso, en enero de 2025, varios colectivos sociales llevaron al Congreso una propuesta urgente: crear un Parlamento Ciudadano Climático permanente y recuperar la conversación pública informada por la ciencia a gran escala, con una asamblea por sorteo y un consejo de expertos con poder real. No es una utopía; es una dinámica global. Bélgica ya reforma su Senado para convertirlo en un Consejo Ciudadano, el Reino Unido debate hacer lo mismo con la Cámara de los Lores y la propia OCDE defiende una asamblea ciudadana mundial para blindar las decisiones climáticas frente a las olas autoritarias.

Como actores de la comunidad científica y de la lucha ambiental vemos que la propuesta sigue sobre la mesa en España, pero también preguntamos: ¿Quién la recogerá? La filósofa Marina Garcés nos advirtió de la trampa de caer en la falsa disyuntiva entre el colapso que paraliza y el solucionismo tecnológico que promete arreglarlo todo sin cambiar nada: “Lo que esconde esa disyuntiva es una rendición: nuestra renuncia a la libertad, es decir, a mejorar, juntos, nuestras condiciones de vida”. Solo incorporando ese poder deliberativo ciudadano a las instituciones, un Pacto de Estado dejará de ser una promesa vacía para convertirse en una hoja de ruta real hacia la democracia de la Tierra.

Llamamos a todas las fuerzas progresistas a ponerse manos a la obra.

Firman también:

Marta Rivera, investigadora CSIC-UPV / IPCC, IPBES

Rogelio Santos Queiruga, pescador de bajura, comunicador medioambiental, presidente de la Asociación de Defensa de la Ría de Muros y Noia

María Sánchez, escritora y veterinaria

Agnès Delage Amat, investigadora Univ. Aix Marsella/ UMR CNRS

Rafael Jiménez Aybar, experto en democracia medioambiental, Westminster Foundation for Democracy ...